El Tribunal Constitucional de Justicia de Cabo Verde autorizó este martes la extradición del empresario y diplomático venezolano Alex Saab a EE.UU., donde es reclamado por un presunto delito de blanqueo de dinero.
De esta manera, la máxima corte rechazó el recurso de apelación de la defensa de Saab, que alegaba que la orden de extradición del empresario había "seguido reglas inconstitucionales". El Tribunal Constitucional ya había autorizado el proceso judicial el pasado 13 de agosto.
Previamente, el Tribunal de Apelaciones de Barlovento y de la Corte Suprema de Justicia habían aprobado la extradición del empresario, en 2020 y en marzo pasado, respectivamente.
Saab en Cabo Verde
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020, mientras hacía una parada técnica —para recargar gasolina— en Cabo Verde, pese a su condición diplomática de enviado especial de Venezuela. Su destino era la capital iraní, Teherán.
En enero de este año se le concedió arresto domiciliario, mientras era analizado su proceso de extradición a EE.UU.
En entrevista con RT en febrero pasado, Saab indicó que el proceso en su contra ha estado lleno de irregularidades, comenzando por haber sido "detenido ilegalmente".
"Me detuvieron sobre la base de una notificación roja de Interpol que no existía. Tampoco había una orden de detención ni de EE.UU. ni de Cabo Verde. La notificación roja se hizo a la medida, a petición de EE.UU., y solo se presentó después de mi detención, al día siguiente, el 13 de junio. Interpol decidió anularla cuatro días después, por la ilegalidad que mis abogados demostraron de inmediato", comentó.
Saab fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU., en julio de 2019, por supuestamente tener "contratos sobrevalorados" para la construcción de viviendas de interés social en Venezuela, y por permitir que Maduro se "beneficiara significativamente" de la importación y distribución de alimentos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un mecanismo estatal que ha sido clave para la compra de rubros de primera necesidad, en medio de las sanciones económicas.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela sostiene que el presunto entramado judicial es una pieza más de las agresiones de Washington contra el país sudamericano. En este sentido, Saab denuncia que todo el proceso en su contra "tiene una motivación política", que es "derrocar al presidente Maduro y poner a Venezuela de rodillas".