La próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a celebrarse el próximo 18 de septiembre en México, podría definir el futuro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
México ostenta la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y como anfitrión de la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, propondrá la discusión sobre el destino de la OEA, frecuentemente criticada por la actitud sesgada de su secretario general, Luis Almagro, siempre proclive a defender los intereses de EE.UU.
"Tenemos que preparar para 2022 la propuesta que le vamos a hacer a EE.UU. y a Canadá de cuál sería el futuro distinto de la Organización de Estados Americanos", señaló este jueves el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
Durante una conferencia de prensa realizada en la Embajada de México en Washington D.C., Ebrard detalló que intentarán llegar a un consenso sobre el futuro de la OEA, que responda a las interrogantes sobre si es necesario reformar. o reemplazar a la organización hemisférica.
"¿Qué rasgos tendría? ¿Cómo funcionaría? Eso va a ser el día 18 de septiembre", adelantó el ministro de Exteriores, quien aseguró que la propuesta final podría ser presentada a EE.UU. y Canadá durante el primer semestre de 2022.
Contrapeso a la OEA
El pasado 24 de julio, previo a una reunión de la CELAC, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que buscaban diseñar un plan para sustituir a la OEA por un "organismo verdaderamente autónomo" que no fuese "lacayo de nadie".
El anuncio de López Obrador recibió el respaldo de los presidentes de Bolivia, Luis Arce; y de Venezuela, Nicolás Maduro. Por su parte, Colombia rechazó la propuesta, al considerar que la integración regional debe buscar relaciones "más estrechas" con EE.UU. y Canadá.
El pasado 24 de febrero, durante una visita oficial del presidente argentino Alberto Fernández a México, los Gobiernos de ambas naciones firmaron una declaración conjunta, en donde advirtieron del peligro de que la Organización de Estados Americanos se extralimite en sus alcances, como ocurrió en 2019 durante el proceso electoral en Bolivia.
La postura de la OEA fue clave para elevar los niveles de presión por parte de la oposición boliviana, con una denuncia de "fraude" que nunca pudo comprobarse, y que precipitó el golpe de Estado contra Evo Morales.