Colombianos detenidos por presunta participación en el magnicidio del presidente de Haití denuncian torturas y violaciones a sus derechos

Los 18 colombianos detenidos en Haití por su presunta participación en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse dieron a conocer una carta dirigida al Gobierno de su país en la que hacen graves denuncias sobre torturas, las ejecuciones extraoficiales de dos de sus compañeros y otras violaciones a sus derechos fundamentales.

El diario colombiano El Tiempo tuvo acceso a la misiva, con fecha del 6 de septiembre, que hace parte de un derecho de petición interpuesto este jueves por el abogado Juan Pablo Quintero. En uno de los apartes publicados por el medio, los implicados aseguran haber sido torturados por "uno de los investigadores principales de la oficina de homicidios de la Policía judicial haitiana", de manera "sistemática, fría, calculada e inhumana".

Asesinatos 

Según el texto, Dubernay Capador Giraldo y Javier Mauricio Romero, dos de los mercenarios colombianos fallecidos el día de su captura, fueron asesinados por las autoridades haitianas. Dubernay había resultado herido levemente con esquirla de granada y recibió atención médica en el lugar de los hechos, pero "posteriormente fue torturado y asesinado con tiro de gracias por un miembro de la Policía Nacional de Haití". En este contexto, solicitan que su cuerpo sea sometido a una "necropsia exhaustiva" que confirme las denuncias.

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Entre tanto, Romero supuestamente fue asesinado con una granada de mano cuando intentaba entregarse. "Se encontraba sin armamento y en estado de indefensión", se lee en la carta. También se nombra a Miguel Garzón, otro connacional que perdió la vida de forma accidental mientras intentaba huir de agentes policiales. Se disparó por error al "intentar saltar una pared", subrayan.

Otras denuncias

Ese grupo de hombres menciona que nunca opusieron resistencia a las autoridades y que ningún miembro de la fuerza pública resultó herido o muerto. En cuanto a las acusaciones en su contra, aseguran haber sido engañados por personas y empresas de Estados Unidos y Haití, que ahora les atribuyen acciones de las que no son responsables. Añaden además que los textos de sus supuestas declaraciones fueron redactados de antemano, en un idioma que desconocían y fueron firmados a la fuerza, bajo "tortura, amenazas de tortura y sin la presencia de un abogado".

Los capturados señalan que permaneces recluidos en condiciones insalubres. Se quejan de que el sitio está "infestado de ratas y cucarachas", que los olores nauseabundos están causando enfermedades respiratorias y de que viven rodeados de excrementos porque "no hay sanitarios". No consumen agua potable y reciben comida una vez al día, revelaron.

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"Hacemos a los destinatarios de este documento, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a nuestras familias, a la comunidad internacional, medios de comunicación, un grito desesperado de auxilio humanitario, solicitamos respetuosamente una comisión de verificación a estas graves denuncias. Solicitamos una verificación y acompañamiento al proceso que se adelanta en nuestra contra, ya que hasta el momento se nos han violado todas las garantías y derechos procesales y se ha empleado la tortura como forma de obtener declaraciones", destaca el documento.

Esta semana se cumplieron dos meses del asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio, cuando un grupo de mercenarios ingresó a su residencia privada en Puerto Príncipe. Según las conclusiones de la Policía haitiana, el crimen fue preparado por varios políticos y empresarios. En particular, tres días antes del ataque los conspiradores se reunieron en el domicilio de Wendell Coq Thélot, que era entonces jueza del máximo órgano judicial de Haití, el Tribunal de Casación. El exsenador opositor John Joel Joseph y el exfuncionario del Ministerio de Justicia Joseph Félix Badio también participaron en la reunión. Este último fue señalado por la Policía colombiana como autor intelectual del magnicidio.