La Policía de la Ciudad de Buenos Aires llega a la calle Galicia al 500, pleno barrio de Villa Crespo, por una orden de allanamiento. La Fiscalía a cargo tiene el dato de que allí, en ese edificio, funciona un taller textil clandestino, donde se produce indumentaria de reconocidas marcas, falsificadas. Los uniformados irrumpen en el lugar, pero piden ayuda a los bomberos y la empresa Metrogas para avanzar con el operativo, al notar la existencia de una caldera con peligro de explosión inminente. Para evitar riesgos, se ven obligados a cortar el suministro.
Este despliegue es parte de un golpe comando contra seis puntos clave de la capital, donde se confecciona, distribuye o vende la ropa. Así, las autoridades proceden con las clausuras de los sitios implicados y detienen a diez personas. Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones identifica la presencia de muchos extranjeros involucrados en la red, varios de ellos en situación irregular. "Con acuerdo o sin acuerdo, se someten a condiciones de trabajo, que es casi esclavo", le dice a este medio un hombre del Ministerio Público Fiscal que participó de la acción, ocurrida a mediados de agosto.
Lo que hay detrás de una compra irregular
El abordaje del conflicto es complejo, en una economía con altos índices de trabajo informal. Por un lado, están los vendedores ilegales que viven al día y ofrecen prendas en la vía pública o en galerías de algunos barrios. Por el otro, los consumidores, que escogen comprar artículos apócrifos ante los elevados precios de las indumentarias originales, en medio de un contexto inflacionario, con devaluación de los salarios. Para dimensionarlo mejor, un pantalón falsificado del seleccionado argentino de fútbol se ofrece sobre la vereda a 1.100 pesos (11 dólares), mientras que en una tienda oficial se vende por más de 9.000 (91 dólares).
El trasfondo de este tipo de compras tiene un costo: la explotación y el sacrificio de la mano de obra en los centros de producción, frente a la falta de control estatal. De hecho, es altamente probable que en los talleres clandestinos donde se fabrican réplicas económicas los trabajadores estén amontonados, sin la higiene necesaria y en situación de riesgo.
La fiscal Celsa Ramírez, quien protagonizó varios allanamientos en la capital sudamericana, puede dar cuenta de ello: "Siempre nos encontramos con que estos lugares son utilizados como viviendas para los trabajadores", introduce. Lo mismo ocurre con los depósitos de mercadería, donde los vendedores van a descansar después de una larga jornada callejera.
"Viven en forma hacinada y en condiciones infrahumanas, ya que suelen convivir varias personas en la misma habitación", relata la experta. Y sigue: "En los galpones, o viviendas, hay cientos de cajas con productos, y al lado colchones en el piso donde duermen los trabajadores". Se trata de sitios que no podrían pasar ninguna inspección seria: "En el mismo espacio tienen inodoros improvisados y calentadores donde cocinan", grafica Ramírez.
"Lucran con la explotación de los pobres"
Al irrumpir con las fuerzas del orden, muchas veces la fiscal vio "instalaciones eléctricas precarias, con conexiones clandestinas y cables expuestos", algo que representa "graves problemas de seguridad" para las víctimas, que son el último eslabón de la cadena. Sobre ello, la investigadora remarca que su fin no es criminalizar a los trabajadores, que se ven obligados a desempeñarse en la marginalidad por no tener un empleo mejor. Según Ramírez, "la Fiscalía persigue a los responsables de las organizaciones que lucran con la explotación de los pobres".
Sin embargo, ello parece una lucha contra la corriente. En la Ciudad de Buenos Aires es ampliamente sabido que hay zonas, como Flores y 'Once', donde se comercializa ilegalmente ropa para todo público. Lo mismo ocurre con la presencia de talleres y galpones clandestinos. Sería difícil creer que un sistema productivo tan grande, y a la vista de todos, pueda funcionar sin la connivencia de la Policía, la Justicia y autoridades gubernamentales.
Al respecto, la fiscal le dice a RT que muchas veces se topa con trabas burocráticas para ir a fondo, ya que algunos de los delitos son de competencia federal, y no se logra llegar a las cabezas de estas redes. Pero, más allá del accionar judicial, la gran pregunta es cómo incluir a los trabajadores irregulares y vendedores ambulantes en el mercado formal, en una economía que quedó muy golpeada por la pandemia.
Todo esto, considerando que muchos 'manteros' –con preponderancia de inmigrantes- suelen padecer malos tratos de efectivos policiales, el rechazo de otros comerciantes con tiendas tradicionales y el estigma de los medios de comunicación. Por ahora, la clase política no presentó una respuesta a mediano o largo plazo para solucionarlo.
Las grandes marcas, también
Igualmente, como consumidores no basta con comprar ropa original para evitar este flagelo. En efecto, el investigador Jerónimo Montero Bressán, coautor del libro '¿Quién hace tu ropa?', advierte que entre las firmas importantes del rubro textil también "predomina el sistema de subcontratación de talleres informales". Y ejemplifica: "Cheeky –una conocida marca de vestimenta infantil– en el 2008 llevó a la Justicia una lista de talleres informales en los que producía, y no hay ninguna razón para pensar que ha dejado de ser así, porque no tienen ni un solo costurero entre sus cientos de empleados".
El entrevistado, académico de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), se especializó en la materia tras el caso del incendio de un taller capitalino en 2006, cuando murieron cinco niños y una mujer embarazada. Al estudiar el rubro, entendió que el conflicto de la subcontratación es el gran patrón común: empresas dedicadas a la moda diseñan sus prendas y le encargan la producción a un tercero, sin tener mano de obra propia, reduciendo costos y desconociendo algún tipo de relación laboral con los costureros. La típica tercerización, sin ningún tipo de fiscalización estatal. Además, en los talleres clandestinos incluso recaen encargos que otras fábricas no pueden satisfacer.
Basado en datos de la Cámara de la Industria Argentina de la Indumentaria (CIAI), Montero Bressán afirma que más del 70 % de los trabajadores del sector está en la informalidad, "arrastrando los salarios a la baja", según publicó en un informe difundido por el Ministerio Público Fiscal. En algunos casos, se destaca la presencia de trabajo infantil.
Este investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) también se refiere a la comercialización: "Puede terminar en shoppings, o en ‘La Salada’ –una de las ferias más grandes de América Latina, en la Provincia de Buenos Aires–, pero si vamos para atrás en la cadena productiva, los talleres clandestinos están en toda la ropa que se consume en Argentina".
Actualmente, no hay datos oficiales para determinar la cantidad de centros ilegales de producción. Sin embargo, la Subsecretaría de Trabajo y organizaciones de talleristas reportaron en 2006 una cifra aproximada de 5.000 sitios clandestinos de fabricación, solo en la Ciudad de Buenos Aires.
En Argentina, el rubro textil es un sector clave para medir el presente económico: en tiempos de crisis, es de los primeros en desplomarse, y en épocas de mejora, es de los primeros en ponerse manos a la obra. Por eso, el cierre de importaciones tras el estallido social del 2001, y la reactivación de la actividad bajo gobiernos progresistas, propiciaron el resurgir de la producción local. Lamentablemente, eso no se tradujo en buenas condiciones de trabajo.
Leandro Lutzky
Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos