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El país de América Latina donde es más letal ser defensor ambiental (y el papel de las industrias en esas violencias)

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"En ese tiempo, el panorama sombrío se ha puesto de manifiesto: la evidencia sugiere que la crisis climática se intensifica, la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta también aumenta", destaca el informe de Global Witness.
El país de América Latina donde es más letal ser defensor ambiental (y el papel de las industrias en esas violencias)

De los 227 ataques letales a defensores del Medioambiente en el mundo en 2020, 65 ocurrieron en Colombia. La cifra de asesinatos mantiene al país suramericano por segundo año consecutivo a la cabeza en una lista elaborada anualmente por la oenegé Global Witness, que alerta sobre el peligro de esta "violencia endémica".

El número total de homicidios, que corresponde a unos cuatro asesinatos por semana, confirma que el año pasado fue uno de los más letales de los que se tiene registro. Ni la pandemia de covid-19 ni los cierres obligatorios que se establecieron para contener el virus fueron suficientes para detener los ataques letales contra los defensores, es más, los incentivaron.

"En ese tiempo, el panorama sombrío se ha puesto de manifiesto: la evidencia sugiere que la crisis climática se intensifica, la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta también aumenta", destaca el documento que fue publicado este lunes.

¿Qué pasa en Colombia?

La firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en 2016 parecía un punto de inflexión para el cese de la violencia. Sin embargo, cinco años más tarde, la cuestionable implementación de ese pacto no solo ha perjudicado a los excombatientes desmovilizados, sino también a los defensores de la tierra y el medioambiente.

De acuerdo al informe de la ONG, de los 65 defensores asesinados el año pasado en Colombia, al menos un tercio de ellos eran activistas indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad se desempeñaban en la agricultura a pequeña escala.

De los 65 defensores asesinados el año pasado, al menos un tercio de ellos eran activistas indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad se desempeñaban en la agricultura a pequeña escala.

El problema, según la investigación, es que en las áreas más remotas "los grupos paramilitares y criminales han aumentado su control a través de la violencia contra las comunidades rurales y la falta de acción estatal para protegerlas". 

El reacomodo de los actores armados, que surgió tras la desmovilización de las FARC, se ha traducido en nuevas pugnas por el territorio y, naturalmente, en el aumento de la violencia. La pandemia, además, empeoró la situación porque hizo que los ataques contra los defensores ocurrieran en sus hogares "y se recortaran las medidas de protección del gobierno", detalla el documento.

Lo más preocupante es que al menos 17 asesinatos a activistas tuvieron que ver con personas que participaban en los programas de sustitución de cultivos de coca, previstos en el acuerdo de paz para permitirle a los campesinos poder tener cultivos legales. Desde 2016 y hasta mediados de 2020, el programa Somos Defensores de Colombia acumula 75 expedientes de ataques de este tipo.

La tendencia tampoco parece disminuir. En lo que va de año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha documentado el asesinato de al menos 115 líderes sociales, y de 36 excombatientes firmantes de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de pacificación con el Gobierno.

Por otra parte, tras casi un año de dilaciones por parte de congresistas en Colombia, el oficialismo logró frenar la ratificación del Acuerdo de Escazú, un pacto regional sobre asuntos medioambientales que prevé garantizar la implementación de los derechos a la información ambiental, participación pública en toma de decisiones de impacto en el área y acceso a la justicia. 

Latinoamérica bajo fuego

La lista de ataques documentados por país también revela los niveles de violencia en la región latinoamericana, ya que del total de los que se tiene constancia, 165 se perpetraron en la región.

Después de Colombia (con 65 asesinatos), siguen en la lista México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Perú (6) e India (4).

En el caso de México, se destaca el aumento de los ataques letales en más de 67 % con respecto a 2019 y el hecho de que la tala de los bosques estuviese vinculada a casi un tercio de los homicidios contra defensores. Por otra parte, la mitad de las víctimas mortales pertenecían a comunidades indígenas. 

Después de Colombia, siguen en la lista México (30), Filipinas (29), Brasil (20) y Honduras (17).

El panorama es aún más desolador si se toma en cuenta la impunidad, ya que de acuerdo a los datos citados por la investigación de Global Witness, hasta el 95 % de los casos en México no terminan en juicio. 

En Perú y Brasil hay otra huella de esas violencias, ya que los defensores fueron atacados en su mayoría por proteger determinados ecosistemas de la deforestación y el desarrollo industrial. Casi tres cuartas partes de los asesinatos de los que se tiene conocimiento ocurrió en la región amazónica que comparten ambos países.

Alerta en el 'Sur Global'

En el documento elaborado por la ONG se deja claro que la crisis climática "es una crisis de lesa humanidad", por lo que ponen de manifiesto que la importancia de la labor que ejercen los defensores del medioambiente, aun a costa de sus vidas.

Pero la violencia que sufren no solo es homicida. Además de los asesinatos, hay otras prácticas que incluyen amenazas, intimidación, vigilancia, abuso sexual y criminalización, por lo que se reconoce que el registro de las muertes no es suficiente para dar cuenta de lo que sufren los activistas, ya que muchos de los ataques no se denuncian.

Por otra parte, la tendencia indica que el llamado 'Sur Global' monopoliza este tipo de violencias: solo uno de los 227 asesinatos registrados el año pasado ocurrió fuera de esa zona, concretamente, en Canadá. 

No obstante, no hay que perder de vista que el 'Sur Global' ha sido históricamente el lugar de donde el 'Norte Global' extrae las materias primas para su desarrollo (responsable de gran parte de la crisis climática actual). De esta forma, se completa el ciclo: el extractivismo garantiza la estabilidad a los países industrializados, mientras la violencia se cierne sobre los países que proveen los 'commodities', convirtiendo en víctimas a los indígenas, los campesinos y las comunidades afro.

"Más de un tercio de todos los ataques fatales fueron contra los pueblos indígenas, a pesar de que las comunidades originarias representan solo el 5% de la población mundial. Los pueblos indígenas también fueron el objetivo de 5 de los 7 asesinatos en masa registrados en 2020", recalca el informe.

Global Witness no deja de lado la responsabilidad que tienen las industrias extractivas en la violencia, ya que sus modelos económicos "priorizan abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente", y por eso actúan con "casi total impunidad" en los países ricos en recursos naturales.

"Debido a que el equilibrio de poder está a favor de las corporaciones, es raro que alguien sea arrestado o llevado a los tribunales por matar a defensores", continúa la investigación.

Asimismo, si bien Colombia y México encabezan el doloroso ranking en Latinoamérica, Filipinas también se ubica en el tercer lugar con más asesinatos de defensores de la tierra, al registrar 29 en 2020.

"Según nuestros datos, más de la mitad de los ataques letales estaban directamente relacionados con la oposición de los defensores a los proyectos de minería, tala y represas", detalla el documento, que deja de manifiesto otro hecho incontrovertible: la violenta represión por parte de la policía y el ejército.

Las recomendaciones de la ONG pasan por exigir a los gobiernos más protección a los defensores, poner mayores límites a las industrias extractivas, legislar para garantizar el respecto al derecho a un medioambiente sano y obligar a los Estados a cumplir los protocolos internacionales, como el Acuerdo de París, para mejorar la condición actual de los activistas, que son "la última línea de defensa contra el colapso climático". 

Nazareth Balbás

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