La Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado la destitución del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, con 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones. También se ha aprobado su inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante dos años por incumplimiento de funciones.
Carrión se encuentra actualmente en prisión de manera preventiva acusado de un delito de abuso sexual que se habría producido en una polémica fiesta celebrada el pasado mes de mayo, en pleno estado de excepción por la pandemia de coronavirus, en la vivienda del exministro de Salud Mauro Falconí, adonde habría llegado en su coche oficial y con seguridad policial.
El escándalo se desató tras la publicación de un video en el que se aprecia a una mujer en el ascensor del edificio del exministro, junto al guardia de seguridad. Cuando se abren las puertas, un hombre, supuestamente Carrión, forcejea con ella y la saca a la fuerza hacia un pasillo. Luego la pone contra la pared, mientras otro hombre, presuntamente Falconí, está a su lado. Después, ambos hombres terminan peleando entre ellos.
Agentes de la Policía acudieron al apartamento alertados por los vecinos. Allí se habrían encontrado a Carrión y Falconí con signos de haber sido golpeados, además de botellas de licor y la música a alto volumen. Ambos fueron detenidos en ese momento, aunque un juez ordenó la inmediata libertad para el exministro.
Carrión niega las acusaciones
Por otro lado, la Asamblea recomienda el inicio de un proceso de fiscalización y control político en contra de Falconí y la instauración de un juicio político es su contra si se estima procedente, según el comunicado del órgano legislativo.
Por su parte, Carrión vincula la acusación que enfrenta a su actuación durante las protestas de octubre de 2019, cuando denunció abusos policiales, y a sus investigaciones de actos de corrupción. Recuerda que aún no tiene ninguna condena en contra y, sobre la polémica fiesta, sostiene que no acudió a ninguna "reunión social" sino que trataba de recabar pruebas sobre una supuesta trama para vacunar a altos cargos saltándose la lista de colectivos prioritarios.