Renuncias, ceses y denuncias de tortura: aumenta la presión política en Haití tras las investigaciones del asesinato de Jovenel Moïse

Ariel Henry, el hombre que fue juramentado como primer ministro por el mismísimo Jovenel Moïse, es ahora uno de los sospechosos de haber urdido el plan de magnicidio contra el expresidente haitiano, un hecho que provocó no solo la dimisión de dos de sus ministros, sino también el cese del fiscal que pedía investigarlo.

Todo esto ocurrió la misma semana en que Henry alcanzó un acuerdo político con la oposición que adversaba a Moïse, y que le permitirá postergar un año más la tarea de escribir una nueva Constitución y convocar a elecciones. Ese pacto de gobernabilidad ha sido aplaudido por el Core Group, integrado por embajadores de Alemania, Brasil, España, EE.UU., Francia, la Unión Europea, así como el Representante Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el de Naciones Unidas (ONU).

En un comunicado emitido el miércoles por la noche, el grupo reconoció "los esfuerzos" de Henry en la búsqueda de "un acuerdo consensuado" con la oposición. Por otro lado, el cónclave pide que se "aclare" el crimen de Moïse y se procese a los autores "respetando los principios del estado de derecho", una coletilla que le cae como anillo al dedo a los mercenarios implicados en el magnicidio, que denuncian ser víctimas de tortura por parte de la policía haitiana.

Ceses y renuncias

A principio de esta semana, el fiscal Bel-Ford Claude pidió a un juez que presentara cargos en contra de Henry por su presunta vinculación con su asesinato. El señalamiento surgió a raíz de una investigación de una ONG que sostiene que el actual primer ministro se comunicó después del magnicidio de Moïse con Joseph Felix Badio, prófugo de la justicia y principal sospechoso de ser el autor intelectual del crimen perpetrado el pasado 7 de julio.

Para Claude, había "suficientes elementos comprometedores" para procesar a Henry y pedir "su acusación directa", se lee en la orden judicial. El fiscal también emitió una orden de prohibición de salida del país contra el primer ministro.

Henry calificó ese pedido como una estrategia de "distracción", pero ese mismo día cesó a Claude por una supuesta "falta administrativa grave" cometida por parte del funcionario, según se filtró en medios haitianos. Frantz Louis Juste es quien lo releva en ese puesto.

Pero la fricción no terminó ahí. Ayer, Henry también cesó de su cargo al ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, y lo sustituyó por Liszt Quitel, quien se desempeñaba como titular del Ministerio de Interior. En paralelo, se conoció la dimisión secretario general del Consejo de Ministros, Rénald Lubérice, quien permanecía en el puesto desde 2017.

En una carta dirigida al consejo de ministros, Lubérice dijo que no era capaz de estar "bajo la dirección de una persona nombrada por Jovenel Moïse, acusada de su asesinato, que no entiende de cooperar con la Justicia y busca, al contrario, por todos los medios, obstruirla".

Mercenarios denuncian torturas

Esta misma semana también se conoció que los exmilitares colombianos implicados en el magnicidio de Moïse enviaron una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, en el que denuncian ser víctimas de torturas por parte de la policía del país antillano.

En la misiva, a la que tuvo acceso LaFM, los mercenarios colombianos afirman que fueron "engañados" y no participaron en el magnicidio de Moïse, a pesar de que la propia policía de su país detalló cómo habría sido la intervención de cada uno de ellos en la planificación y ejecución del magnicidio.

Según su versión, el día del asesinato del presidente haitiano, la policía de ese país los atacó de "forma inmisericorde y desproporcionada", y que por eso intentaron rendirse y entregarse. No obstante, declararon, la rendición solo fue respondida con una ataque más contundente.

El documento enumera las presuntas torturas a las que han sido sometidos, que incluyen agresiones físicas, machetazos, golpizas, intentos de linchamiento, así como las precarias condiciones físicas del lugar en el que se encuentran recluidos. 

"Queremos dejar claro que las declaraciones dadas a la policía judicial fueron bajo tortura, amenaza de tortura y coacción, sin abogado presente", alegaron tras declararse inocentes. "Fuimos engañados por personas y empresas en EE.UU. y Haití que buscan inculparnos de unos hechos que no somos responsables no permitan que se cometa una injusticia", apuntan.

Por esa razón, el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, confirmó que le había enviado una carta a la OEA y la ONU para reiterar la petición de su país de que se le garantice el derecho al debido proceso a los exmilitares ya que, a su juicio, se han sometido a un "proceso judicial plagado de toda serie de irregularidades".

Un acuerdo clave

En medio de la convulsión, el primer ministro haitiano se juega el espaldarazo del Core Group con el acuerdo alcanzado por la oposición, un pacto que es visto con expectación por la población, que espera alguna solución política al conflicto que se arrastra desde la polémica administración de Moïse.

"Hablé con el Core Group esta tarde. Juntos hemos discutido, entre otras cosas, la situación general del país, la recuperación y reconstrucción de la Península Sur devastada por el terremoto del 14 de agosto", escribió Henry el miércoles en su cuenta de Twitter.

Según ha trascendido en medios locales, los cambios en el Gabinete de Henry tienen mucho que ver con los acuerdos parciales alcanzados con la oposición (acérrima enemiga del asesinado expresidente), que baraja la posibilidad de proponer un gobierno de coalición en el país, azotado por los desastres naturales, la crisis económica, la conflictividad social y la creciente inseguridad de la mano de bandas armadas. 

Por eso, a pesar de la cuestionada destitución del fiscal que lo acusa de estar vinculado en el magnicidio, la salida de su secretario de Gabinete y el cese al ministro de Justicia, el primer ministro haitiano (un neurocirujano de 71 años que estudió en universidades en Francia y EE.UU.) tiene bajo la manga el respaldo del Core Group, un cónclave que ayer lo instó a instaurar un "gobierno inclusivo", que acelere "el retorno al funcionamiento normal de las instituciones" mediante la convocatoria a elecciones. La propuesta es que el llamado a las urnas se celebre en 2022.