¿Primeras fisuras? El Gobierno venezolano acusa a la oposición de intentar "producir un quiebre" en el proceso de diálogo

El optimismo por el reinicio del diálogo entre el Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria, que agrupa a la oposición radical de ese país, comienza a resquebrajarse una semana después de que las partes se hubieran reunido en México, tras la denuncia de la delegación gubernamental que acusa a los opositores de tratar de "sabotear" y "producir un quiebre" del proceso.

En un comunicado publicado en la cuenta de Twitter del jefe de la representación del Gobierno, Jorge Rodríguez, se afirma que hay un "intento" de "factores de la oposición" que participan en las negociaciones –que se iniciaron formalmente el pasado fin de semana– de "sabotear, condicionar y evadir los compromisos establecidos en el Memorando de entendimiento", suscrito el 16 de agosto. 

"El Gobierno alerta a los países acompañantes del diálogo este intento de desconocer los acuerdos alcanzados, de producir un quiebre en el proceso de diálogo y negociación y reitera su voluntad de alcanzar un acuerdo integral y acuerdos parciales", recoge el escrito.

En el documento inicial, que contempla siete puntos que forman parte de la agenda, se estableció el levantamiento de las sanciones y la restauración del derecho a los activos del Estado venezolano que han sido confiscados en el exterior producto de las sanciones de EE.UU. contra ese país como medida de presión para lograr un cambio de Administración.

Primeras grietas

Este nuevo proceso, que no ha llegado a concretarse en otras oportunidades en medio de señalamientos mutuos de incumplimiento de los acuerdos parciales, ha generado expectativa ante la cercanía de las elecciones regionales de este noviembre y la incorporación a ellas de partidos de la oposición más radical que había boicoteado los comicios anteriores. Además, se había alimentado la posibilidad de que se flexibilizaran algunas sanciones que han causado un brutal impacto negativo en la economía venezolana, como desahogo para la población. 

En este comunicado se delinea una grieta que comenzó a aparecer esta semana, luego del malestar que causó en varios sectores opositores el anuncio de incorporación del diplomático Álex Saab a la Mesa de Diálogo, quien se encuentra detenido "de manera ilegal" en la isla de Cabo Verde desde junio de 2020, a petición del Gobierno de EE.UU.

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Al respecto, el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, publicó en sus redes un escrito donde pedía a Noruega, país facilitador, que garantizara el cumplimiento de las "normas de reservas" establecidas en la negociación ante la "guerra de micrófonos" que le hacía "mucho daño" al proceso. Del mismo modo, aseveró que la incorporación del empresario era una "estrategia del régimen" para supuestamente lograr su liberación como parte de las conversaciones. 

¿Qué denuncia el Gobierno?

En el texto se afirma que "con sorpresa y vergüenza" el país ha visto "graves hechos y peligrosas declaraciones" que pondrían en evidencia "la naturaleza criminal de la operación de saqueo y robo al patrimonio" que habría emprendido el exdiputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó "presidente encargado" en enero de 2019 y tomó el control de varios activos del Estado venezolano en el exterior argumentando la necesidad de "protegerlos" de la "dictadura".

Entre las recientes decisiones que se mencionan en el documento, que buscarían torpedear el diálogo, se encuentra "la estrategia del Gobierno colombiano de apropiarse y asumir el control de Monómeros", una empresa propiedad del Estado venezolano y filial de Pequiven ubicada en en el país vecino.

La semana pasada, el Gobierno de Iván Duque anunció la toma de control de la compañía. Tras conocerse esta medida, la Justicia venezolana abrió una investigación en contra de Guaidó por "usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir".

Otro punto del que se habla es la carta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro que afirma que podría autorizar la venta de acciones de Citgo Petroleum, propiedad de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) en EE.UU., a partir de enero 2022, como lo anunció el dirigente de la oposición y prófugo de la Justicia venezolana, Carlos Vecchio.

La representación del Gobierno venezolano considera además que las declaraciones de los partidos de la oposición radical Voluntad Popular y Primero Justicia "revelan una feroz pugna de grupos e intereses por el control de ambas empresas y la intención de desnacionalizar estos activos o de asignárselos a poderes extranjeros". 

Nathali Gómez

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