El candidato presidencial chileno Franco Parisi quedó envuelto en una grave polémica después de que un reportaje televisivo revelara que debe por los menos 207 millones de pesos (unos 252.000 dólares) por concepto de manutención de sus dos hijos menores de edad y que por esa razón realiza su campaña desde EE.UU., ya que si volviera al país podría ser detenido.
Desde que la semana pasada el canal Teletrece emitió el informe, el abanderado del Partido de la Gente ha negado las acusaciones, aunque diversos documentos judiciales demuestran que desde 2016 dejó de cubrir las cuotas correspondientes y que incluso hay una orden de arraigo en su contra.
Parisi es un dirigente conservador de 54 años que se postula por segunda vez a la presidencia. En 2013, cuando realizó su primer intento, quedó en cuarto lugar con el 10 % de los votos. En 2017 volvió a intentarlo, pero ni siquiera logró registrarse oficialmente. En esta ocasión sí obtuvo el respaldo del Partido de la Gente, pero avanza con una intención de voto que no supera el 7 %.
En 2018, Parisi se fue a radicar a la ciudad estadounidense de Alabama, desde donde mantuvo una activa presencia mediática en Chile, lo que le permitió seguir vigente ante la opinión pública y postularse este año a la presidencia.
Sin embargo, su campaña ha sido por completo virtual, ya que no ha regresado al país a pesar de que faltan menos de dos meses para las elecciones del 21 de noviembre. Ni siquiera participó en el primer debate presidencial que se realizó el pasado miércoles.
La investigación televisiva mostró los documentos judiciales que certifican que Parisi adeuda 207 millones de pesos más reajustes, intereses y costas. Ante el reiterado incumplimiento, en agosto del año pasado un tribunal dictó medidas como la suspensión de su licencia de conducir y una orden de arraigo que le impedía salir del país, aunque él ya estaba en EE.UU. y sin intención de volver, al declararse "perseguido político".
Críticas
Los principales candidatos presidenciales cuestionaron el incumplimiento de las obligaciones de Parisi con su familia e incluso prometieron reformas legales para impedir que estas situaciones se repitan en el futuro.
El abanderado de la alianza izquierdista Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien lidera las encuestas, calificó la actitud de su contrincante como "una vergüenza", ya que considera que "no se puede permitir y naturalizar que los padres se hagan los lesos con la pensión", tengan o no aspiraciones de asumir responsabilidades públicas.
Reiteró, además, que una de sus propuestas de Gobierno será el impulso de un proyecto de ley que permita que el Estado persiga a los deudores alimenticios, ya que es una problemática generalizada.
Sebastián Sichel, de la coalición derechista Chile Vamos, advirtió que nada puede justificar "que un padre no se haga cargo de sus hijos y que esté fuera de Chile por eso". Y, en esa línea, hizo una promesa en plena campaña: "A lo ético nadie está obligado y por eso yo quiero incorporarlo como una obligación legal".
También puso en duda que Parisi tenga capacidades para gestionar el Estado, en caso de llegar a la Presidencia. "Malamente podemos entregarle el cuidado de la Nación a alguien que no puede responder lo básico o cumplir con lo básico, que es el cuidado de sus hijos", dijo.
La centroizquierdista Yasna Provoste, quien avanza en tercer lugar en los sondeos de intención de voto, coincidió en que esta historia es vergonzosa y demuestra que alguien que no es capaz de proteger a su familia, menos podrá cuidar al país.
"La situación de Parisi requiere no solo la máxima sanción de la justicia, sino también la sanción social. No es posible que una persona se presente para la más importante de las responsabilidades, como dirigir el camino de un país", aseguró.
Los datos
La diputada socialista Carolina Marzán, en tanto, anticipó la presentación de un proyecto de ley que prohibirá que los deudores alimenticios se puedan postular a cargos de elección popular.
"No es posible que quienes pretenden ser autoridades y gobernar, no sean capaces de cumplir con su obligación social, moral y fundamental de pagar la pensión de alimentos de sus hijos e hijas", explicó.
Actualmente, añadió, solo el 16 % de las personas que deben cubrir pensiones de alimentos cumplen con sus obligaciones, lo que implica que el 84 % está en condiciones de morosidad o mantiene algún grado de incumplimiento.
"Es una situación extremadamente violenta hacia niños, niñas y adolescentes, así como también al padre o madre que asume en solitario la manutención y crianza de sus hijos e hija", explicó.