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Cómplices del exministro de facto de Bolivia Arturo Murillo en el caso 'gases lacrimógenos' se declaran culpables en EE.UU.
"Los cuatro se han declarado culpables de los delitos por los que les acusaba la Fiscalía de Florida", informó el procurador Wilfrido Chávez.
El procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, informó que los cuatro cómplices de Arturo Murillo, exministro de Gobierno de la administración de facto de Jeanine Áñez (noviembre 2019-noviembre 2020), en el caso conocido como 'gases lacrimógenos', se declararon culpables en EE.UU.
"Los cuatro se han declarado culpables de los delitos por los que les acusaba la Fiscalía de Florida", dijo Chávez en una conferencia de prensa el martes.
Se trata de Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, de 51 años, exjefe de Gabinete de Murillo; así como los estadounidenses Luis Berkman, de 58 años, Bryan Berkman, de 36, y Philip Lichtenfeld, de 48. Todos fueron arrestados en EE.UU., en Florida y Georgia, entre el 21 y 22 de mayo pasado, apenas días antes de que también fuera detenido Murillo.
Concretamente, los delitos que se les imputa son lavado de dinero y soborno, en el caso de la adquisición de material antidisturbios con sobreprecio para Bolivia.
De acuerdo con Chávez, Luis Berckman se declaró culpable de conspirar para cometer los delitos de lavado de dinero y soborno de funcionarios extranjeros, y por ello podría enfrentarse a una pena de entre tres y 10 años de prisión. Por su parte, su hijo Bryan aceptó los cargos "por los delitos de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de un año y tiene como máximo cinco años", precisó el funcionario.
Entretanto, Méndez se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos para soborno de funcionarios; mientras que Lichtenfeld aceptó que conspiró para defraudar.
Por otro lado, Chávez indicó que están a la espera de que el próximo 8 de octubre se anuncie la situación en la que se encuentra Murillo, tras una posible negociación con la Fiscalía.
Esquema de sobornos
Los cinco imputados son acusados de participar en un esquema de sobornos entre noviembre de 2019 y abril de 2020, durante la administración de Áñez. En ese lapso se habrían pagado 602.000 dólares a funcionarios de Bolivia, en beneficio de Murillo, Méndez y otro trabajador público boliviano.
Los sobornos se pagaron para que la empresa de los Berkman, Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Florida, obtuviera y mantuviera negocios con Bolivia, específicamente un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares, para proporcionar gases lacrimógenos y otros equipos no letales.
Con el negociado, en las investigaciones se determinó que hubo un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
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