El ataque a un campamento de ciudadanos venezolanos en Chile destapó la crisis migratoria que padece un país al que han llegado cientos de miles de extranjeros con la esperanza de tener una mejor calidad de vida que en sus lugares de origen y que hoy enfrentan una campaña de racismo, xenofobia, discriminación y aporofobia que ya incluso forma parte de los debates políticos rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.
Según datos del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a fines de 2020 había 1,4 millones de personas migrantes en Chile. Son 160.000 más que en 2018. Venezuela lidera la población migrante con un 30,7%, seguido de Perú (16,3%), Haití (12,5%), Colombia (11,4%) y Bolivia (8,5%).
La actual polémica migratoria está centrada en las dos colectividades que más han crecido en la última década y que arribaron de forma simultánea: la venezolana, que hoy abarca a medio millón de personas, y la haitiana, con 180.000.
Pero en realidad podrían ser muchos más, ya que la Policía de Investigaciones aseguró que en los primeros siete meses de este año se denunciaron más de 23.000 ingresos de personas por pasos fronterizos no habilitados, lo que implica un aumento del 40 % con respecto a 2020. Y entre ellos, por supuesto, hay venezolanos y haitianos.
Tengan o no sus papeles regularizados, los migrantes son objeto permanente de ataques por parte de políticos de derecha y medios de comunicación que incentivan la estigmatización y que los vinculan particular e insistentemente con "la delincuencia".
Uno de los episodios más extremos se vivió el pasado fin de semana en Iquique, una ciudad portuaria ubicada en el norte del país en donde, al grito de "¡no más migrantes!", una turba de ciudadanos robó y quemó las pertenencias de la comunidad venezolana que vivía en un precario campamento en una plaza.
Las condenas por las vergonzosas postales estallaron a nivel nacional e internacional, pero las agresiones han sido comunes para las migraciones latinoamericanas, y que nunca se dirigen hacia extranjeros europeos o estadounidenses o, en general, blancos.
Diferencias
Hasta 2013, la comunidad haitiana en Chile estaba conformada por apenas 4.000 personas, pero de a poco el éxodo masivo de ciudadanos que escapaban del país más pobre de América Latina se expandió por toda la región y llegó a Chile.
En 2017 ya eran 73.000. Y hoy son alrededor de 180.000. Muchos de ellos fueron atraídos por el espejismo de prosperidad que cubrió a Chile hasta que a fines de 2019 estallaron las históricas protestas que revelaron la profunda desigualdad y que pusieron en jaque al Gobierno de Sebastián Piñera.
Luego vino la pandemia, que, tal y como ocurrió en el resto del Continente, agravó las condiciones sociales y económicas del país. A los haitianos se les hace cada vez más difícil conseguir trabajo en Chile, por lo que, sin importar las largas distancias, están emprendiendo camino hacia el norte con la esperanza de llegar a EE.UU., lo que explica en parte la reciente crisis migratoria en México. Hasta allá arribaron, como pudieron.
En su estancia en Chile han padecido múltiples discriminaciones, ya sea por el simple hecho de ser pobres (aporofobia), por su color de piel o porque al llegar no hablaban español, sino francés y creole, sus idiomas maternos.
En el caso de los venezolanos, en 2012 formaban una comunidad de solo 7.897 personas. En 2017 ya eran más de 85.000 y hoy rozan el medio millón debido principalmente a la crisis humanitaria que enfrenta ese país.
Como particularidad, esta población enfrenta un trato basado en tintes político-partidarios, ya que quienes los agreden argumentan que el éxodo es culpa del presidente Nicolás Maduro y advierten que es él quien se tiene que hacer cargo, no las autoridades chilenas.
El Gobierno de Piñera, en tanto, aplica con esta comunidad el trámite de "visa de responsabilidad democrática", en una clara alusión crítica al presidente venezolano, ya que ambos están en las antípodas ideológicas. Esta facilidad burocrática no se extiende con los haitianos a pesar de que la situación política y social en su país es todavía más grave.
Debate
La destrucción del campamento de venezolanos en Iquique provocó condenas por parte del Gobierno, pero también advertencias.
Piñera criticó "la brutal agresión" y prometió una investigación para impedir que la agresión quede impune, pero Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración, aclaró que Chile ya recibió a un millón de personas en tres años y medio y no está en condiciones de permitir la llegada de millones de migrantes más en el corto plazo. Las deportaciones que se intensificaron este año van a continuar.
La discusión se coló de lleno en las campañas. A menos de dos meses de las presidenciales, el candidato de la coalición izquierdista Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien encabeza las encuestas, culpó "al mal Gobierno de Piñera" por la crisis migratoria.
Recordó que, en un afán de demagogia, hace dos años el presidente aprovechó una gira en Colombia para invitar a los venezolanos a irse a "un país libre" como Chile. Le hicieron caso y llegaron en masa.
"Una vez en territorio nacional se desentendió de esa invitación", dijo Boric al prometer que, si gana las elecciones, aplicará una doctrina totalmente distinta basada en la seriedad, la responsabilidad y el realismo. "Vamos a tener una migración controlada en trabajo, en comunidad con el resto de los países de América Latina", ofreció.
Por el contrario, el candidato conservador Sebastián Sichel, quien es apoyado por Piñera, desligó al Gobierno chileno, responsabilizó a Maduro y criticó a Boric.
"Esto está ocurriendo porque hay una dictadura en Venezuela. Los migrantes no están llegando simplemente porque se están trasladando de país, están saliendo de una dictadura condenada por torturas y derechos humanos", dijo, a pesar de que sobre Piñera también abundan denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Cooperación
Más que repartir culpas, la candidata de centroizquierda, Yasna Provoste, le explicó al portal El Mostrador que la migración no está impulsada sólo por motivos económicos "sino por peligro a la sobrevivencia, por seguridad alimentaria, por derechos humanos".
Agregó que la gravedad de este escenario, que se ejemplificó con los ataques en Iquique, refuerza la necesidad de soluciones multilaterales, no sólo a nivel nacional.
"Eso incluye contar con ayuda internacional ante una crisis de envergadura que es mundial. Si solo tomamos Venezuela y dejamos de lado la situación de Haití y otros países, esta migración es el segundo mayor desplazamiento forzado en el mundo después de la guerra de Siria", advirtió.
El candidato ultraderechista José Antonio Kast prefirió enfocar sus críticas en Boric al denunciar que el líder izquierdista tiene una supuesta alianza con Maduro porque encabeza "un proyecto político que representa a países que no tienen democracia y que han obligado a personas a salir, explorando nuevos horizontes. Y no solo respalda esos regímenes, sino que en su planteamiento de políticas públicas señala que tenemos todas las condiciones y posibilidades para acoger a cualquiera que venga a Chile".
La discusión está abierta en todos los niveles. El Senado, por ejemplo, realizó el martes una sesión especial el martes para condenar la xenofobia e instar a sancionar a los responsables.
El Gobierno chileno ya anunció que reforzará los controles en los pasos fronterizos que suelen ser utilizados por los migrantes para ingresar al país de manera irregular, mientras que desde Caracas Maduro puso en marcha un programa para tratar de repatriar a ciudadanos venezolanos.
Por otra parte, diversas organizaciones ya convocaron a una "Marcha Nacional contra la Invasión Migratoria", que se realizará en Santiago, por lo que se prevé que ahora las expresiones xenófobas se replicarán en la capital.
Cecilia González
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