La Presidencia de Chile ha emitido este domingo un comunicado respecto a las revelaciones que aparecen en los Papeles de Pandora, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicada esta misma jornada en la que se pone al descubierto que presidentes y otros altos cargos públicos recurrían a paraísos fiscales para esconder propiedades e ingresos.
En particular, los archivos filtrados apuntan a que la familia del actual mandatario chileno habría sellado en 2010 una millonaria venta del proyecto minero Dominga al empresario y amigo del presidente Carlos Alberto Délano. La transacción se realizó mediante dos empresas ficticias registradas en las Islas Vírgenes Británicas.
Respecto a estas revelaciones, el comunicado presidencial señala que la venta de Minera Dominga ya fue investigada "en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017".
"La Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación", reza el documento.
Por otra parte, el mensaje subraya que el dirigente ni participó, ni estuvo al corriente del proceso de compraventa de dicho proyecto minero, al igual que se resalta que Piñera "no tenía ninguna participación en la administración" de las empresas que figuran en la indagación.
Además, según constata el comunicado, el actual inquilino de La Moneda "no participa en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia", mientras que ni él, ni los miembros de su familia "poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior".
Mientras, desde la oposición ya se han alzado voces para iniciar una investigación contra Piñera. "Lo que hizo el presidente es gravísimo, haremos todas las investigaciones al respecto e incluso estamos analizando con la bancada la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para indagar en el tema", cita El Periodista al diputado del partido Convergencia Social, Gonzalo Winter. En paralelo, el político no excluyó la posibilidad de abrir una acusación constitucional contra el mandatario, para lo que sería necesario el debate en la Cámara de Diputados.