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La Justicia española archiva la causa por genocidio contra el líder del Frente Polisario
La figura del presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui fue central en la última crisis entre Marruecos y España.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, ha concluido sin procesamiento la causa que se mantenía por genocidio contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, derivada de una querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos.
El magistrado considera que los hechos, que se habrían extendido entre 1974 y 1990, ya estarían prescritos y que las conductas expuestas en la querella "no integran todos los elementos del delito de genocidio".
Pero lejos de tratarse de una conclusión de la causa por motivos formales, Pedraz explica que hay contradicciones entre las afirmaciones de la querella sobre la participación de Ghali en los presuntos delitos y el contenido de las declaraciones de los testigos, como explica el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado.
Además, sostiene que hay "una insuficiencia manifiesta de detalles relevantes sobre circunstancias de lugar y tiempo de los hechos, detalles concretos de la participación del querellado Brahim Ghali, descripción del cargo que ocupaba etc.", de modo que concluye que "todo ello resta credibilidad a los testimonios prestados e impide mantener la imputación contra el querellado".
Última crisis con la soberanía del Sáhara Occidental de fondo
La figura de Brahim Ghali fue central en la última crisis entre Madrid y Rabat. En abril pasado, su entrada en España para ser tratado médicamente de coronavirus y cáncer motivó los reproches de la diplomacia marroquí. Poco después, a mediados de mayo, el país magrebí tomó la decisión de dejar sin vigilancia su lado de la frontera con la ciudad española de Melilla como represalia. El pequeño enclave español se vio desbordado durante varios días por la entrada irregular de más de 8.000 migrantes, entre los que se encontraban más de 2.000 menores no acompañados.
Tras conocerse la presencia de Ghali en España, la Audiencia Nacional reactivó dos causas contra él, la que ha sido concluida hoy y otra presentada en 2019 por un activista que afirma que fue objeto de detención ilegal y torturas en los campamentos de Tinduf.
El trasfondo de la crisis es el Sáhara Occidental, un territorio ocupado por España hasta 1975 y todavía pendiente de descolonizar, según la ONU, y sobre el que Marruecos reclama su soberanía.
Ghali es desde 2016 secretario general del Frente Polisario, un movimiento de liberación de la antigua colonia española, además de presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que aspira a la independencia del territorio a través de un referéndum avalado por la ONU que suponga el fin de la ocupación marroquí.
Además, la partida también se juega en el terreno económico. Así, la semana pasada se conoció una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que da la razón al Frente Polisario y que ha determinado que el acuerdo pesquero y las ventajas arancelarias acordadas entre la UE y Marruecos son nulos, al contemplar recursos del Sáhara Occidental y no haber obtenido el consentimiento del pueblo saharaui.
La última consecuencia de este encontronazo diplomático es que la exministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, ha comparecido este lunes ante un tribunal para testificar como investigada en el caso que indaga sobre la entrada y salida de Ghali en el país.
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