El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que nunca fue informado ni consultado sobre la venta de Minera Dominga, una firma en la que él y su familia tenían mayoría de acciones y por la que obtuvieron ganancias millonarias, gracias a una transacción realizada a través de guaridas fiscales y que fue revelada por la investigación internacional bautizada como los Papeles de Pandora.
"Desde el mes de abril de 2009, hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado", aseguró Piñera, este lunes en medio del escándalo que generó el trabajo realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Según el mandatario, durante el primer Gobierno que encabezó (2010-2014), y a pesar de que ninguna ley se lo exigía, constituyó fideicomisos ciegos para la administración de todos sus activos financieros, por lo que desde entonces dejó de tener información sobre sus empresas, las cuales comenzaron a ser gestionadas por sus respectivos directorios y una administración profesional.
"El objetivo de estas decisiones fue enfrentar la candidatura presidencial y la futura presidencia con total y absoluta independencia autonomía para poder ejercer el cargo de presidente con un solo norte: defender el bien común, el interés de todos los chilenos y respetando siempre la constitución y la ley", dijo para contrarrestar las sospechas de evasión de impuestos.
También insistió en que jamás supo nada sobre la venta de Minera Dominga, que la operación se investigó en 2017 y que la Justicia no encontró ninguna irregularidad.
"Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión en el extranjero", subrayó al asegurar que el hecho de ser presidente le ha significado más perjuicios personales que beneficios, y a pesar de que sigue siendo uno de los hombres más ricos de Chile.
Sospechas
El trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que el presidente participó en una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas.
De acuerdo con los documentos publicados en el portal Ciper, uno de los medios chilenos que participó en la investigación, Carlos Delano, uno de los empresarios más acaudalados de Chile y amigo del presidente, compró en 2010 Minera Dominga, una firma en la que la familia presidencial tenía mayoría de acciones. El pago fue de 152 millones de dólares en tres cuotas a través de las Islas Vírgenes Británicas.
La última cuota dependía de que no hubiese cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, decisión que le correspondía al Gobierno, lo que Piñera, que ya era presidente, efectivamente cumplió. Esa decisión es la que implicaría un conflicto de intereses.
La operación permitió que los inversionistas, incluyendo a la familia del mandatario, obtuvieran una ganancia del 1.000 % en 18 meses.
La fortuna de Piñera ha sido objeto de numerosas investigaciones periodísticas que han descubierto la creación de al menos cuatro sociedades en guaridas fiscales, de las que él nunca habló abiertamente.
Reclamos
Los candidatos presidenciales que participarán en los comicios del próximo 21 de noviembre le reclamaron a Piñera que diera explicaciones a la sociedad.
"La información que acabamos de conocer es gravísima. Sebastián Piñera evade impuestos en paraísos fiscales y oculta información relevante", denunció el abanderado de la coalición izquierdista Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien encabeza las encuestas.
A su juicio, esta investigación demuestra que Piñera siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común, al igual que los dos candidatos de la derecha, Sebastián Sichel (Chile Vamos, apoyado por el oficialismo) y José Antonio Kast (Partido Republicano).
"Por eso los cambios que nosotros proponemos son necesarios en términos de políticas públicas y también éticamente. Además, no puedo dejar de mencionar que el proyecto de la Minera Dominga es un atentado contra el medioambiente y un ecosistema único que tenemos en Chile y que debemos proteger", dijo.
La candidata centroizquierdista Yasna Provoste (Unidad Constituyente) advirtió que Piñera debe explicar si usó o no su cargo para sus negocios personales. "Es inconcebible que un presidente actúe en beneficio propio, frenando la protección ambiental por asegurar un ingreso personal", lamentó.
El más radical fue el izquierdista Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista), quien pidió directamente la renuncia del presidente al considerar que una vez más le ha mentido a la sociedad chilena, mientras que Kast se limitó a promover una investigación urgente para determinar si hay o no responsabilidades por parte de Piñera.
El último candidato que se pronunció fue Sichel, quien es apoyado por el presidente, quien insistió en que la ciudadanía pide total transparencia.
Defensa
Esta mañana, el vocero presidencial Jaime Bellolio insistió en que la venta de la empresa minera ya había sido investigada y aclarada y atribuyó las acusaciones a una "motivación política" de personajes que pretenden obtener protagonismos en tiempos electorales.
"El tema es lo que ocurre después con los parlamentarios que están desesperados por quizás sacar un poco de notoriedad y proponen una regla antidemocrática, que es que un presidente no termine su periodo. Querer hacer una acusación constitucional no es más que un aprovechamiento político y una lógica de golpe blanco inaceptable en una democracia", dijo.
El domingo por la tarde, el Gobierno ya había emitido un comunicado en el que desmintió la denuncia y aseguró que el caso ya se había esclarecido en una investigación previa.
"La Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación", señaló el boletín, que también aseguró que hace más de una década que Piñera no participa de la administración de ninguna empresas.