La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos Rivera, denunció por homicidio al expresidente Manuel Merino, quien gobernó el país menos de una semana en noviembre de 2020, tras la declaración de vacancia contra Martín Vizcarra, y renunció al cargo luego de las protestas en su contra que dejaron un saldo de dos jóvenes muertos a manos de la policía y decenas de heridos.
La denuncia se produce justamente en el marco de la investigación por la muerte de esos dos jóvenes, identificados como Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, así como las lesiones graves y leves causadas a 78 ciudadanos, durante las protestas contra Merino.
El exmandatario fue denunciado como presunto autor por omisión impropia de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual; así como por no haber adoptado medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial en las manifestaciones, pese a que contaban con información oficial acerca de su tendencia a intensificarse.
Ávalos envió la denuncia constitucional ante el Congreso, donde deberá ser estudiada, debatida y votada, ya que los exmandatarios en Perú tienen protección del Parlamento hasta cinco años después de finalizar sus funciones.
La denuncia de la fiscal general también recayó sobre Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo, quienes se desempeñaron como primer ministro y ministro del Interior, respectivamente, durante el corto mandato de Merino.