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Tribunal de Bolivia dictamina que la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta fue inconstitucional
"No ha existido fraude, ha existido golpe y ya las instancias judiciales del país han hablado", expresó el ministro de Justicia, Iván Lima Magne.
El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) dictaminó el 29 de septiembre de 2021, a través de una sentencia que se hizo pública este viernes, que la autoproclamación como presidenta de Jeanine Áñez en noviembre de 2019, fue inconstitucional y por tanto se perpetró un golpe de Estado.
El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, apoyado en el razonamiento y sentencia del TCP, explicó que nunca existió tal "vacío de poder".
"El día de hoy ha hablado el Tribunal Constitucional mediante la sentencia constitucional plurinacional 0052/2021, notificada hoy, en la que el Tribunal ha ratificado que en el país existió un golpe de Estado", destacó el ministro en una conferencia de prensa.
El TCP estableció que la sucesión presidencial 'ipso facto' solo llega hasta la presidencia de las Cámaras (de Diputados y Senadores), por lo tanto, no existió ningún justificativo legal para que la entonces senadora de la oposición minoritaria, Jeanine Áñez, pudiera ser proclamada como jefa de Estado.
Asimismo, Lima indicó que no son válidas las renuncias por las redes sociales o medios de comunicación, sino que estas deben ser escritas, presentadas personalmente, públicas y aceptadas por el Tribunal Supremo Electoral y el Legislativo boliviano.
La sentencia fue emitida en base al recurso directo de nulidad interpuesto por Margarita del Carmen Fernández Claure, entonces diputada, el 19 de noviembre de 2019, en contra de Simón Sergio Choque Siñani, entonces presidente de la Cámara de Diputados y la legisladora Susana Rivero Guzmán.
La renuncia por Twitter de Rivero, exvicepresidenta de la Cámara de Diputados, "surtió efecto solo después de que el Legislativo conoció, trató y aceptó esa dimisión el 20 de noviembre", indica el dictamen.
Sin embargo, el pronunciamiento de las autoridades competentes establece que la renuncia de Rivero por Twitter no es válida mientras su decisión no sea presentada ante la Asamblea Legislativa y el Tribunal Electoral debido a que ella era una autoridad electa. Es decir, ella se mantuvo como presidenta de la Cámara de Diputados hasta el 14 de noviembre de 2019.
De esta forma se ratifica que en Bolivia no hubo "vacío de poder" pues Rivero ejercía las funciones de presidenta de la Cámara de Diputados ante la salida de Víctor Borda.
Asimismo, la renuncia verbal de Adriana Salvatierra a la presidencia del Senado tampoco fue válida ya que la hizo en una declaración a Unitel, sin haber presentado hasta el 10 de noviembre su dimisión escrita y aceptada ante la Asamblea Legislativa y el Tribunal Electoral, es decir, mantenía su cargo y, por tanto, tampoco existía "vacío de poder".
Tras esas renuncias, Áñez se declaró presidenta del Senado para luego autoproclamarse mandataria de Bolivia, lo que tampoco era posible, según la sentencia del TCP.
En base al reglamento general del Legislativo, los cargos de presidencia en Diputados y Senadores están reservados exclusivamente para el bloque de mayoría, y Áñez pertenecía al bloque de minorías.
En un entrevista con los medios locales, Lima señaló que la resolución judicial tiene carácter de "cosa juzgada" sin la posibilidad de que se pueda plantear un recurso legal en su contra, porque el TCP es el único intérprete de la Constitución Política del Estado (CPE).
"No ha existido fraude, ha existido golpe y ya las instancias judiciales del país han hablado", expresó.
Presidenta autoproclamada
El 12 de noviembre de 2019, la exsenadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina del país ante un hemiciclo vacío y sin quorum, motivo por el cual enfrenta un juicio, acusada de "terrorismo, sedición y conspiración".
La exlegisladora logró la aprobación del Tribunal Constitucional bajo el argumento de evitar la vacancia en Presidencia y garantizar la gobernabilidad del Estado lo antes posible. Sin embargo, la Asamblea Legislativa Plurinacional nunca aprobó la renuncia del presidente de ese entonces.
Evo Morales renunció al cargo presionado por las fuerzas militares y la Policía, que se amotinaron en varias ciudades del país. También renunció el vicepresidente de la nación Álvaro García Linera, quien debía tomar las riendas del Ejecutivo, de acuerdo al artículo 169 de la Constitución boliviana, ante el asedio de grupos opositores que protagonizaron violentas protestas y se enfrentaron a los seguidores del presidente depuesto, quienes salieron a defender al Gobierno.
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