Bloqueos de vías y multitudinarias manifestaciones: las razones de las nuevas protestas de los agricultores en Ecuador

Organizaciones sociales, agricultores, pescadores y maestros convocaron este lunes a una "huelga general" en cuatro provincias de Ecuador, en rechazo a la subida de la gasolina y de los precios oficiales impuestos a los productos agrícolas.

La jornada de protesta, que implicó cierres de vías de acceso a varias ciudades del país, fue anunciada desde el pasado 1 de octubre por el Frente Nacional Agropecuario para la Soberanía Alimentaria del Ecuador (Fenasae) y la Unión Nacional de Educadores (UNE).

En las redes se han divulgado videos e imágenes que dan cuenta de los bloqueos de carreteas de acceso a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Carchi. Los productores han impedido el paso del tránsito con sacos de arroz, camiones y neumáticos en llamas.

La Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE) informó en su cuenta de Twitter que hasta poco antes de mediodía se mantenían obstruidas las vías de varios cantones en las provincias de Guayas y de Los Ríos. Allí se encuentran 4.147 funcionarios de control y hay desplegadas 640 patrullas.

¿Quiénes llaman al paro?

Al paro nacional se han sumado los sectores productivos del área alimentaria. Entre quienes protestan se encuentran ganaderos, lecheros, cañicultores, bananeros, arroceros, maiceros, papicultores, cacaoteros, cebaderos, fruticultores, palmicultores, entre otros, recoge El Universo.

Los manifestantes han denunciado en los medios locales la "falta de coherencia y de sensibilidad del Gobierno con los ecuatorianos", y aseveran que esa situación los ha llevado a tomar la decisión "dura pero necesaria" de llamar a una paralización total "en defensa de sus derechos".

Vuelve el tema del arroz

La víspera de estas movilizaciones, el Ministerio de Agricultura publicó un comunicado para anunciar que se gestionaría la importación de 40.000 toneladas de arroz para atender "la situación arrocera que vive el país".

El problema con el sector arrocero es que, en julio pasado, la cartera de Agricultura estableció que el quintal de arroz costaría entre 30 y 32 dólares, a pesar de que los productores habían pedido que el precio fuese de 35 dólares. 

Esta decisión causó malestar en el sector, que organizó protestas que culminaron con la renuncia de la titular de Agricultura, Tanlly Vera, en medio del cierre de las vías de las provincias de Guayas y Los Ríos. Productores de otros rubros se han ido sumando a estas movilizaciones porque también rechazan los precios que les han sido fijados por el Ejecutivo.

Este lunes, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló a la prensa que el conflicto se debe a que "hay una sobreproducción mundial y nacional de arroz", y aseguró que el Ejecutivo "está buscando un mecanismo que permita exportar este producto para que no existan pérdidas en el sector".

Otro de los temas que complica la situación arrocera es el compromiso de exportación de 99.000 toneladas de este cereal, que deberían terminar de enviarse a Colombia hasta noviembre de este año, según los convenios establecidos entre ambos países.

Más demandas

A estas manifestaciones también se han unido los pescadores artesanales de la provincia de Manabí, en el Litoral, que denuncian la creciente inseguridad en altamar y los altos precios de los insumos necesarios para desarrollar su actividad productiva.

Educadores de la UNE, que se han unido a la protesta, también han manifestado su rechazo al reciente acuerdo a nivel de personal técnico entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a que afecta a los derechos de los trabajadores, según consta en una entrevista de Radio La Voz.

Los manifestantes también le piden al Gobierno que se frene el contrabando de los productos agropecuarios; que haya regulación de la importación de alimentos; que se otorguen créditos al 1 %, con 30 años de plazo; que se incremente la asistencia técnica; y que se establezcan mayores políticas ambientales.

Demanda constitucional contra Lasso

En el marco de la jornada de protesta, organizaciones indígenas de Ecuador presentaron este lunes una demanda contra el presidente Guillermo Lasso ante la Corte Constitucional, por pretender expandir la frontera extractiva en la Amazonía ecuatoriana, mediante los decretos 95 y 151. 

"Ambos decretos formalizan los mecanismos para que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorguen rápidamente licencias ambientales a las industrias petroleras y mineras. Esto a pesar de la evasión de las leyes y obligaciones internacionales y el marco constitucional del país, diseñado para garantizar los derechos y la soberanía de las naciones indígenas", señala un comunicado reproducido por el periódico El Universo.

"El Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería", señalaron los líderes de las comunidades originarias.