Lo que destapa (y lo que esconde) el estado de excepción decretado por Lasso para combatir la delincuencia en Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este lunes el estado de excepción como respuesta gubernamental al grave contexto de violencia que atraviesa el país latinoamericano, y que conmociona a la opinión pública a pocos meses de haber iniciado el actual Gobierno.

De esta forma, las fuerzas de seguridad tendrán mayor despliegue y, también, gozarán del apoyo oficial para responder legalmente por sus actuaciones sobre los delincuentes y la población civil. 

 ¿De qué se trata la medida?

El "estado de excepción por grave conmoción interna" durará 60 días en todo el territorio nacional. En su anuncio, Lasso señaló que los uniformados podrán realizar controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día y requisiciones de drogas, entre otras acciones. 

Más en detalle, el Decreto Ejecutivo señala que las Fuerzas Armadas se movilizarán a las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos. Las tareas en esas jurisdicciones se realizarán de forma coordinada con la Policía Nacional. 

En el resto de las provincias, la Comandancia General de la Policía "coordinará acciones con las entidades públicas en territorio para reforzar la vigilancia y prevención del delito", dice el Artículo 2. Además, si se considera necesario, mientras dure el estado de excepción puede lanzarse otro decreto para trasladar las Fuerzas Armadas hacia otras jurisdicciones.  

También se aclara que las acciones mencionadas solo pueden llevarse a cabo mientras perdure esta declaración, "como respuesta excepcional y temporal ante los hechos delictivos que lo fundamentan". Y menciona la obligación de "ceñirse estrictamente al debido proceso" cuando los efectivos detengan a posibles delincuentes: "Deberán cumplir con los estándares de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad, así como las reglas del uso progresivo de la fuerza", se lee.  

Igualmente, el Ejecutivo va a crear la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, para respaldar a los efectivos que deban afrontar cargos en la Justicia por sus actuaciones. De hecho, Lasso demostró su apoyo a las fuerzas de seguridad y dio un mensaje de 'vía libre' para que se desempeñen sin preocuparse por posibles consecuencias legales: "Actúen con la valentía que los caracteriza porque este Gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor", afirmó. 

Presidencia también anunció la creación de un Comité Interinstitucional para prevenir las adicciones y "reinsertar a los consumidores a la sociedad", vinculando los índices de violencia con el auge de las drogas. Asimismo, se enviará al Poder Legislativo el proyecto de ley de Defensa Legal de la Fuerza Pública, para proteger a los agentes ante acciones penales. 

En su último punto, el decreto establece notificar las medidas de seguridad a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"Hay que acabar con la violencia"

La medida se produce en un contexto donde los crímenes ocupan la atención en Ecuador. Y las noticias de violencia trascendieron las fronteras. De hecho, al peor motín de la historia del país, que terminó con 118 presos muertos en un penal de Guayas a fines de septiembre, se le suma un caso reciente que conmocionó a la sociedad: el domingo se produjo una balacera durante el asalto a un restaurante en Guayaquil, y falleció un niño de 11 años. Fue la gota que rebalsó el vaso.

"Hay que acabar con la violencia que le arrebató la vida a Sebastián Javier y antes a otros ecuatorianos", dijo el mandatario. "Nada podrá reparar esta terrible pérdida, pero todos debemos coger fuerzas", añadió.  

Más allá de casos llamativos, el Gobierno argumentó su medida con estadísticas oficiales, que figuran en el propio decreto. Y según los conteos estatales, la cantidad de homicidios incrementó de forma exponencial en los últimos años: 972 (2017), 994 (2018), 1188 (2019), 1372 (2020) y 1885 (2021). Si se mide cada 100.000 habitantes, este año el índice saltó de 7,84 a 10,62. 

Para la administración de Lasso, esto "evidencia una correlación con la cantidad de droga decomisada". Los datos de la Policía Nacional dicen que entre 2020 y 2021 la droga incautada aumentó desde las 128 toneladas hasta las 147, a la par del crecimiento de los asesinatos. Sin embargo, esto es relativo: entre 2017, 2018 y 2019, bajó el número de estupefacientes decomisados (130 toneladas, 97 y 82, respectivamente), pero la tasa de homicidios igualmente seguía subiendo. Entre tanto, el Gobierno inicia su 'batalla contra las drogas', y despliega a los militares en las calles.  

Protestas y escándalos

Esta determinación aparece en medio de un convulsionado escenario social y político, sin mencionar que varias voces conservadoras intentan instalar la idea de autorizar la portación de armas en la población. 

En primer lugar, el lunes se registraron manifestaciones y cortes de ruta en cuatro provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí y Carchi. La medida de fuerza fue protagonizada por el Frente Nacional Agropecuario para la Soberanía Alimentaria del Ecuador (FENASAE), en protesta por el alza en los precios del combustible, pero también se plegaron la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular.

Además, la revelación periodística de los Papeles de Pandora sigue salpicando al presidente, quien figura en el listado de líderes mundiales que habrían acudido a sociedades 'off shore' para esconder sus fortunas. De hecho, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional acaba de ratificar que llamará a declarar a los parientes del mandatario, mientras avanza su investigación. Por su parte, Lasso ya expresó que sus sociedades habrían sido disueltas en 2017, tras una ley impulsada por el correísmo que prohibía que candidatos presidenciales tengan empresas en paraísos fiscales. 

Reacciones críticas

Tras darse a conocer el estado de excepción, la Defensoría del Pueblo lanzó un comunicado para exigir que las fuerzas de seguridad sean responsables al momento de ejercer sus funciones. De hecho, destacó que la muerte del menor ya mencionado se produjo por un tiroteo donde también participó la Policía. Y exhortó: "Aseguren que sus actuaciones, siendo profesionales, cuidadosas y responsables, impidan que el combate a la delincuencia se convierta en una situación de riesgo para la ciudadanía".

Por su parte, el expresidente Rafael Correa tildó a estas políticas como una campaña de "marketing", destacando que la asesoría legal para uniformados ya existía. Para el referente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, más que una lucha contra la delincuencia, esto buscaría "combatir las movilizaciones", dijo en una entrevista radial.

Con este clima de violencia y polémicas, resta por ver si el uso de las Fuerzas Armadas para conflictos internos aumenta la seguridad, o genera el efecto contrario.

Leandro Lutzky

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