Por qué la Fiscalía de Perú solicita la prohibición de salida del país a Richard Rojas, recién nombrado embajador de Lima en Venezuela

La solicitud de produce después de que los gobiernos de Nicolás Maduro y Pedro Castillo reanudaran sus relaciones, tras años de tensiones y comunicaciones intermitentes.

El recién designado embajador de Perú en Venezuela, Richard Rojas, podría verse impedido de asumir sus funciones como diplomático, luego de que el Ministerio Público solicitara una medida de impedimentos de salida del país, "en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos".

La petición de la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos se conoció el lunes, apenas dos días después de que los Gobiernos de Perú y Venezuela anunciaran el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas, tras años de tensiones y desencuentros.

Según la Fiscalía, a Rojas García "se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la campaña presidencial 2021 del partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional".

¿Por qué surge la investigación?

La investigación sobre el presunto financiamiento ilegal del partido Perú Libre, que llevó al poder al actual mandatario Pedro Castillo, inició meses atrás. En ella no solo se incluyó al líder principal de esa organización política, Vladimir Cerrón, sino también al dimitido exprimer ministro Guido Bellido y a Waldemar Cerrón, portavoz de esa agrupación en el Congreso.

Con el pasar de los días, la Fiscalía ha incluido a más personas dentro de las pesquisas del caso, denominado 'Los Dinámicos del Centro', en el que ahora estaría implicado el flamante embajador de Perú en Venezuela.

En su comunicado del lunes, el Ministerio Público detalló que la medida de coerción que impediría la salida del diplomático a Caracas había sido solicitada ante el segundo juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Corrupción de Funcionarios, según informó la Coordinación Nacional de la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del fiscal superior Rafael Vela Barba.

En agosto pasado, el fiscal Richard Rojas Gómez aseguró que muchas de las personas vinculadas en la investigación "pertenecían a una organización criminal constituida dentro de Perú Libre, que habría estado defraudando al Estado mediante actos de conversión o transferencia de activos provenientes de actividades criminales". 

¿Quién es Rojas García?

El recién designado embajador de Perú en Venezuela fue secretario nacional de Perú Libre y jefe de campaña durante las reñidas elecciones que llevaron a Castillo a la presidencia este año, refieren medios locales. 

No obstante, su primera opción no fue Caracas. En septiembre, Rojas García fue postulado como embajador en Panamá, pero no obtuvo respuesta de la Cancillería de ese país, por lo que el Gobierno de Castillo decidió proponerlo como jefe de Misión en Venezuela, tras el reciente restablecimiento de relaciones entre ambos países.

Caracas dio su autorización y, en reciprocidad, designó como su embajador en Perú a Alexander Yánez. El anuncio del restablecimiento pleno de los vínculos fue celebrado por Cerrón, quien saludó el gesto en nombre de su partido.

El lunes, tras conocerse la solicitud de la Fiscalía, la jefa del Gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, aseguró que el Gobierno de Castillo esperará los resultados de las investigaciones para determinar si Rojas García permanecerá o no en ese cargo.

"Si hay una investigación y si hay alguna orden judicial, seguramente se va a tener que tener en cuenta para una evaluación [de su permanencia]. Esperaremos los resultados de la investigación", sostuvo la premier.

¿Qué pasa con Venezuela?

La llegada de Castillo a la presidencia le dio un giro a la política exterior que tenía Perú con respecto a Venezuela. Contrario a las posturas de sus antecesores, que respaldaron el intento de aislamiento diplomático de Caracas en el casi extinto Grupo de Lima, el actual mandatario ha abogado por un acercamiento estratégico para resolver cuestiones de interés común.

Uno de esos asuntos es el tema migratorio. De hecho, en sus declaraciones del lunes a la prensa, Vásquez hizo hincapié en que el restablecimiento de las relaciones obedecía a "asuntos meramente prácticos", como la repatriación de ciudadanos venezolanos en territorio peruano, y no a una afinidad política con Caracas. 

La cautela de Lima con respecto a Venezuela no es casual, especialmente cuando la derecha peruana –con mucho poder político dentro del Congreso– ha demonizado al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y asegurado que Castillo quiere emular el supuesto "comunismo" del país caribeño.

"El Gobierno de Venezuela ha manifestado su intención de trasladar a algunos de sus compatriotas de vuelta al país, nuestro Gobierno ha destinado un monto importante para el retorno de estas personas. Necesitamos hacer estas coordinaciones de carácter práctico, esa es la intención de haber nombrado un embajador en este lugar, además, atendiendo al compromiso del presidente Castillo de tener un relacionamiento con todos los países", precisó Vásquez.

De momento, la petición de la Fiscalía suma un nuevo escollo para la administración de Castillo, que no ha cesado de atravesar turbulencias políticas por las presiones de la derecha contra exmiembros de su Gabinete –a los que tuvo que relevar–, sino también por parte de la propia militancia de Perú Libre, que ahora lo señala de pactar con factores políticos ajenos a los movimientos de base que lo llevaron al poder. Rojas García, que proviene de esas filas, podría ser el próximo en quedar fuera de la jugada si la Justicia así lo determina.

Nazareth Balbás