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La policía antidisturbios amenaza con desalojar a más de 2.800 indígenas que acampan en Bogotá y exigen sus derechos a salud y vivienda

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En los campamentos, ubicados en el Parque Nacional y el Parque La Florida, hay desplazados del conflicto armado de las comunidades emberá, katío, chamí y dóbida.
La policía antidisturbios amenaza con desalojar a más de 2.800 indígenas que acampan en Bogotá y exigen sus derechos a salud y vivienda

Un campamento de más de 2.800 indígenas colombianos, que acampan en dos parques de Bogotá, denunciaron este martes que las autoridades ha enviado al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia (Esmad) para obligarlos a que desalojen la zona, sin importar que haya centenares de niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

La activista y líder social Martha Peralta Epieyú, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), alertó que estas personas han tenido que dormir bajo la lluvia en el Parque Nacional y en el Parque La Florida de la capital colombiana, y ahora están atemorizadas ante la amenaza de desalojo que se concretaría este miércoles.

Peralta advirtió que mientras esto ocurre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente de la República, Iván Duque, "se tiran la pelota" sobre las responsabilidades, en vez de buscar soluciones. La activista acompañó su denuncia con el video de una madre indígena que relata cómo fueron amedrentados por el Esmad.

"El gobierno mandó aquí al Esmad, asustaron a los niños y las mujeres también", dijo la mujer. La madre indígena, que tenía un niño en brazos, aseguró que las autoridades no los han ayudado. "Aquí estamos reclamando el derecho a la vivienda, el derecho a la salud", agregó.

17 niños indígenas de los campamentos están hospitalizados

Patricia Villegas, personera delegada para la protección de las víctimas en Bogotá, declaró que hasta este martes han contabilizado a 17 niños y niñas que han tenido que sacar de los campamentos para hospitalizarlos en centros de salud.

La funcionaria pidió acciones concretas por parte de las autoridades para cubrir las necesidades fundamentales de los indígenas que residen en el campamento, y se avance en una "efectiva reparación integral".

"Estamos haciendo un enfático llamado a la administración Distrital con miras a tres puntos, el primero: realizar un diálogo empático, respetuoso con enfoque diferencial con las comunidades indígenas (...) Son aproximadamente 1.400 en el Parque Nacional y 1.469 en el Parque La Florida", detalló Villegas.

En el segundo punto, la personera pidió una efectiva coordinación entre las autoridades para dar respuesta a los afectados, mientras que en tercera instancia solicitó la "articulación" de un plan de retorno y reubicación de las personas indígenas, "con efectivas garantías de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, con miras al goce efectivo de derechos y la no repetición".

Villegas, según declaraciones reseñadas por W Radio, confirmó que del total de niños hospitalizados, cinco están en cuidados intensivos debido a afectaciones respiratorias por el frío y la lluvia constante.

Además, precisó que los campamentos están conformados en un 70 % de niños, niñas, mujeres embarazadas, lactantes y personas mayores; y también hay víctimas desplazadas del conflicto armado que pertenecen a las comunidades emberá, katío, chamí y dóbida.

Bogotá responde

Mientras tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que su ayuntamiento ha financiado con 1.895 millones de pesos (más de 500.000 dólares), "la estadía y cuidado de la comunidad Embera".

Según López, el desplazamiento de los Embera se ha producido "por la desidia de la Unidad Nacional de Víctimas de garantizar sus derechos y retorno".

"Desde su llegada hemos prestado asistencia humanitaria y social. Ante el abandono de la Unidad de Víctimas organizamos un albergue temporal en La Florida donde están 1.050", sostuvo la funcionaria.

Por su parte, Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, afirmó que han hecho "todo lo necesario" para atender a la comunidad Embera que se encuentra en ambos parques de Bogotá y alegó que la Procuraduría ha estado "muy vigilante" del proceso.

Asimismo, anunció que para finales de noviembre se adelantará el retorno de estas personas hacia los "municipios receptores", con los cuales ya habrían establecido contactos.

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