El pleno del Congreso de Perú aprobó por insistencia un proyecto de ley que regula la facultad del presidente de proponer una cuestión de confianza, a pesar de las observaciones del Ejecutivo, que señaló que la propuesta vulnera la separación de poderes y es inconstitucional.
Para su aprobación, 79 congresistas votaron a favor, 43 en contra y hubo tres abstenciones.
En esta sesión, según han destacado los medios, la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, férrea opositora al Gobierno de Pedro Castillo, bajó a su escaño para apoyar la aprobación de la ley, lo que resultó inusual.
Tras conocer la decisión, la primera ministra, Mirtha Vásquez, escribió en su cuenta de Twitter que era "lamentable" que no se hubiera realizado "un debate amplio y plural sobre un tema trascendental para el equilibrio de poderes" y que esta Ley ponía en "riesgo" la democracia. Adelantó que adoptarán "acciones necesarias para evitar el quiebre del Estado de Derecho".
La semana pasada, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría la promulgación de este proyecto por insistencia. Esto ocurre cuando, a pesar de que un proyecto de ley tiene observaciones del Ejecutivo, el Congreso sigue adelante con él, como su último recurso para imponerse ante el otro poder. Tras esta decisión, solo restaba ser debatida y aprobada en el pleno.
La cuestión de confianza es un instrumento constitucional del Ejecutivo mediante el cual el presidente del Consejo de Ministros, en nombre de todo el gabinete o un ministro particular, pide al Congreso el respaldo a una política. En la Carta Magna, está prevista en los artículos 132 y 133.
¿Qué alega el Ejecutivo?
Previamente, el Ejecutivo había devuelto la propuesta a la Comisión de Constitución, argumentando que "vulnera el principio de separación de poderes y las competencias del Poder Ejecutivo vinculadas a la formulación e implementación de políticas públicas".
El Ejecutivo considera que la facultad de que el presidente del Consejo de Ministros y otros funcionarios planteen una cuestión de confianza ya ha sido incluido en la Constitución, como una forma de establecer un contrapeso con la facultad del Congreso de pedir una moción de censura contra los ministros.
La Constitución de ese país establece que el presidente puede disolver el Congreso si los parlamentarios le niegan dos veces la cuestión de confianza. Sin embargo, con la aprobación de este proyecto, el presidente solo puede pedir a los parlamentarios un voto de confianza sobre las políticas del Gobierno y no sobre reformas a la Carta Magna.
Así, esta medida ha sido calificada como una maniobra del Congreso para evitar su disolución, como de hecho ya ocurrió en enero de 2020 bajo el mandato del expresidente Martín Vizcarra.
Esta nueva acción del Legislativo es un nuevo ribete de la compleja situación política en Perú, que se ha visto desde el inicio signada por la dura oposición alentada desde el Congreso contra Castillo y los miembros de su Gobierno.