Por qué la prisión preventiva para Rosario Robles levanta controversia en México y obliga a López Obrador a aclarar que no hay "venganza"

La exsecretaria mexicana Rosario Robles, señalada por omisiones en desvíos millonarios a través de las dependencias públicas que encabezó, seguirá en prisión preventiva tras más de dos años de estar encerrada por decisión de un juez federal.

El magistrado Alejandro Villar mantuvo la medida tras argumentar que existía un riesgo elevado de fuga en caso de que la exfuncionaria siguiese su proceso en libertad. 

Sin embargo, el caso de quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha provocado una nueva discusión en torno al trato que reciben otros políticos de alto nivel imputados judicialmente, como el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien lleva más de un año y tres meses vinculado a proceso por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, pero está en libertad por decisión de un juez y solo debe portar un localizador electrónico. 

Tanto Robles como Lozoya fueron funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), antecesor del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué diferencia a Lozoya de Robles?

En el caso del exdirector de Pemex, en agosto de 2020 presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusando a Peña Nieto, y al exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray, de encabezar una serie de sobornos millonarios a legisladores del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN), a cambio de la aprobación de reformas estructurales.

Por su parte, Robles está acusada de ser omisa en el desvío de más de 5.000 millones de pesos (unos 246,2 millones de dólares) a través de las dos dependencias públicas que encabezó, como parte del caso conocido como 'la Estafa Maestra', que consistió en la triangulación de recursos públicos mediante convenios con universidades que subcontrataban empresas fantasma. 

Previo a la audiencia del miércoles en donde se revisaría la medida cautelar de prisión preventiva contra Robles, su hija, Mariana Moguel, declaró ante medios locales: "Recordemos que mi madre está acusada por un delito no grave, nunca debió de haber pisado [el penal femenil] Santa Martha Acatitla". 

Por su parte, el juez Alejandro Villar mantuvo la prisión preventiva contra la exsecretaria al evaluar un posible riesgo de fuga, que estuvo basado en que Robles no informó en un inició sobre las propiedades que tenía; que existió información contradictoria sobre un viaje que realizó a Costa Rica previo al juicio en 2019; y que su defensa mintió sobre una copia relacionada con una licencia de conducir de la exfuncionaria. 

Durante la audiencia del miércoles, Robles habría dejado claro ante el juez que buscaba un trato justo y sin privilegios, según contó a medios locales el abogado Epigmenio Mendieta. Además, la extitular de Sedesol afirmó en el juzgado que ella no pretendía salir de prisión preventiva "para asistir a restaurantes de lujo", en clara referencia a la polémica fotografía de Lozoya cenando en un restaurante de lujo en Ciudad de México. 

"No hay venganza"

El caso de Robles fue retomado por López Obrador durante su conferencia matutina de este jueves. Medios locales preguntaron al mandatario si, a su juicio, consideraba que existía algún tipo de venganza contra la exsecretaria tras el reiterado rechazo a su salida de prisión. 

"Por lo que corresponde al Ejecutivo, no hay ninguna venganza (...) No hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política", dijo el mandatario, tras aclarar que el caso no corresponde al Ejecutivo, sino al Poder Judicial.

Además, aseveró que en caso de que el juez hubiese recibido "una orden" o actuado "por consigna", debería "ser sancionado". "Los jueces tienen que actuar con autonomía", puntualizó.

La prisión preventiva que se le mantuvo a Robles contrasta con los beneficios recibidos por Lozoya, quién está en libertad y que, a través de su defensa, negocia una reducción de la pena (o no pisar la cárcel) —un recurso que está previsto en la Constitución—, a cambio de información que involucre actos de corrupción cometidos por sus superiores.

Por ello, el caso de Robles continúa siendo objeto de mucha polémica en la nación latinoamericana, ya que voces críticas consideran que se está haciendo uso injustificado de la prisión preventiva.

Un estudio de la organización México Evalúa desveló que una de cada dos mujeres internadas en centros penitenciarios se encuentran a la espera de sentencia. 

José Beltrán Contreras

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!