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Bolsonaro sanciona sin vetos un proyecto que dificulta la aplicación de penalidades a funcionarios públicos
Para los especialistas, el principal cambio en el proyecto dificulta la condena y la lucha contra las irregularidades en la administración pública.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó sin vetos un proyecto de ley que flexibiliza la improbidad administrativa por parte de los funcionarios.
La Cámara de Diputados ya aprobó el pasado 6 de octubre el texto principal del proyecto de ley y modificó la parte de la punición de los agentes públicos, que a partir de ahora solo podrán ser castigados si existen pruebas de intenciones de causar daños al erario.
Hasta ahora, la ley de improbidad permitía la condena a los agentes públicos que dañaban las arcas públicas por omisiones o actos dolosos y culposos, es decir, con o sin intención de cometer un delito.
Para los especialistas, este cambio en el proyecto dificulta la condena y la lucha contra las irregularidades en la administración pública.
"Difícil de comprobar"
Según explicó a G1 Ubiratan Cazetta, presidente de la Asociación Nacional de los Procuradores de la República (ANPR) es "muy difícil" comprobar la intención en los casos de improbidad.
Por su parte, los defensores de la medida dicen que se trata de una modificación necesaria para dar más seguridad a los gestores públicos en la toma de decisiones, principalmente, en las alcaldías de ciudades pequeñas.
La normativa establece que en caso de enriquecimiento ilícito y daño a las arcas públicas, la sanción de pérdida de función pública solo afectará al momento en que el político cometió la infracción. Es decir, si un diputado federal es condenado por unos hechos de cuando era diputado estatal no podrá perder el cargo.
Además, el Ministerio Público será el único órgano con poder para proponer acciones de improbidad, y los organismos estatales, municipales y federales quedarán excluídos de estas acciones.
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