Piñera extiende el estado de excepción en la Macrozona Sur de Chile ante nuevos ataques incendiarios

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes la ampliación del estado de excepción que rige en cuatro provincias de la Macrozona Sur del país, luego de que se registraran nuevos ataques incendiarios en zonas de conflicto territorial con comunidades mapuches. 

El mandatario extendió por otros 15 días, hasta el viernes 11 de noviembre, la medida que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la "grave alteración del orden público" en las provincias de Biobío y Arauco, de la región del Biobío; y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía. 

Según manifestó el Piñera durante un acto oficial en Concepción (Bío Bío), estos distritos "han sufrido duramente los efectos de la violencia, los ataques de bandas de crimen organizado, de terrorismo, de narcotráfico, de robo de madera". Dijo además que los responsables "actúan con gran violencia, utilizan armamento de alto calibre, no respetan a nada ni a nadie, y han producido temor y dolor en las familias". 

Este lunes, cerca de 30 encapuchados armados atacaron con fuego 10 casas que resultaron destruidas por las llamas, junto con una bodega, cinco camiones y otros tres vehículos. Además, dos furgonetas fueron robadas y una tercera resultó baleada, según el reporte policial.

Los asaltantes dejaron una pancarta en la que se identificaron como pertenecientes a la organización guerrillera mapuche Weichán Auka Mapu, que reclama el derecho territorial de estas comunidades originarias. 

Ante la repetición de estos episodios en la Macrozona Sur, el presidente Piñera dictó el pasado 13 de octubre el Estado de Excepción Constitucional por Emergencia por 15 días, prorrogables por igual período. Según reza la actual Constitución chilena en su artículo 42, las provincias bajo la medida quedarán a cargo de los jefes de Defensa Nacional que designe el jefe de Estado. 

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"Fracaso e incapacidad"

La aplicación de esta política, que básicamente militariza la zona en conflicto, fue cuestionada por grupos opositores, comunidades aborígenes y organismos estatales e independientes. 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile tildó de nuevo "fracaso del Estado" el decreto que se aplicó en las cuatro provincias sureñas. El organismo, que es independiente del Gobierno pero pertenece al Estado chileno, argumentó en un comunicado que la medida representa un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos de violencia registrados en la zona.

El INDH señaló que la medida demuestra "incapacidad de hacer prevalecer los caminos del diálogo", y remarcó que la Convención Constitucional "tiene la oportunidad histórica de establecer un nuevo pacto intercultural en que se funde la paz y la justicia en el sur de Chile".

"Es un fracaso del Estado y de la sociedad en su conjunto que se cometan asesinatos y otros hechos de violencia y que no se pueda investigar, juzgar ni condenar a los culpables", sostiene el texto.