El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, inició esta semana una gira de 10 días por Latinoamérica que incluye visitas oficiales a Colombia y Venezuela. La primera parada del juez fue en Bogotá, donde ya ha adelantado reuniones diarias con distintas autoridades, incluyendo al presidente Iván Duque.
En Colombia, la CPI investiga presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados al conflicto armado interno, entre ellos, el caso de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército contra civiles, conocidas como "falsos positivos"; asesinatos selectivos contra líderes sociales, indígenas, excombatientes y políticos; desapariciones forzadas y desplazamientos masivos, entre otros.
La visita de Khan a Caracas es un poco más compleja debido al contraste en ambas investigaciones. Una vez llegue a territorio venezolano, cuya fecha exacta no ha sido confirmada, el fiscal deberá abordar dos cuestiones:
- 'Venezuela I': referida a supuestas violaciones de la fuerza pública contra ciudadanos en el contexto de las manifestaciones políticas del 2017 y denunciada por gobiernos del llamado "Grupo de Lima".
- 'Venezuela II': reclamada por el Gobierno venezolano y relativa a los presuntos crímenes de lesa humanidad que habrían cometido gobiernos extranjeros contra la población, como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales impuestas al país desde el año 2014.
Ante la complejidad y contraste de ambas evaluaciones, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, expresó en un comunicado, divulgado el pasado lunes, que la visita de Khan "servirá para evaluar, de primera mano, la buena marcha" de las instituciones del Estado y para "mantener un diálogo honesto y sin restricciones con sus representantes". Además, Saab aseguró que "el Estado venezolano siempre ha estado abierto a la cooperación positiva con la CPI desde su ratificación del estatuto de Roma".
Al inicio de su gira, que finalizará el próximo 3 de noviembre, Khan resaltó que su visita busca intensificar "las relaciones directas con la región y explorar vías de cooperación en consonancia con el principio de complementariedad", y para ello efectuará reuniones de alto nivel con las autoridades estatales, representantes del Poder Judicial, cuerpo diplomático, organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales.
"La comunicación es esencial para explicar el mandato de la Fiscalía y de la CPI y fomentar la confianza de las partes interesadas. Aguardo con interés la oportunidad de escuchar y de aprender de este mi primer viaje a la región como fiscal de la CPI", señaló Khan.
¿Cuál es la tarea de la CPI?
La CPI fue fundada en 1998 cuando las Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el Estatuto de Roma, con 120 votos a favor, siete en contra (EE.UU., Israel, China, Irak, Libia, Catar y Yemen) y 21 abstenciones. Sus funciones comenzaron en 2002, luego de cuatro años de ratificaciones.
La institución, que se define como independiente, tiene la función de investigar y enjuiciar, "donde se justifique", "a individuos acusados de los más graves crímenes", así como también, ayudar "a prevenir que esos crímenes ocurran de nuevo", como parte de una "lucha global para poner fin a la impunidad".
Además, el organismo aclara que ayuda a "complementar" y a "no reemplazar a las cortes nacionales" a través de juicios "justos", con fiscales independientes y donde los derechos de los acusados son garantizados.
La CPI procede a través de varias fases: primero realiza una evaluación preliminar y si en ellas se determina que los casos ameritan ser estudiados, avanza en las investigaciones. Luego continúa hacia la etapa de prejuicio y finalmente el juicio. Una vez emitida la sentencia, siguen los procesos de apelaciones y lo último es el cumplimiento de las condenas que determinen sus jueces.
En el caso venezolano, los exámenes Venezuela I y II se encuentran en la fase preliminar, donde la oficina del fiscal debe determinar si existe o no la suficiente evidencia de crímenes de gravedad que requieran la intervención de la CPI. Esta etapa evalúa si la justicia local ha efectuado los procedimientos pertinentes para condenar a los responsables de delitos que hayan vulnerado los derechos humanos y así evitar que exista impunidad.
Si la Fiscalía de la CPI determina que existen pruebas suficientes para proseguir los casos, puede emitir órdenes de arresto y/o citaciones a los involucrados para que rindan testimonio ante sus jueces.