El fiscal general de Brasil afirma que podrá "avanzar" en las acusaciones contra Bolsonaro tras recibir el informe final del Senado

El procurador general de Brasil, Augusto Aras, recibió este miércoles el recientemente aprobado informe final de la comisión parlamentaria que investigó la gestión de la pandemia, y que acusa al presidente Jair Bolsonaro de nueve delitos, entre ellos "crímenes contra la humanidad". 

Tras acoger en su despacho a los senadores que integran la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación), Aras destacó el trabajo del equipo y afirmó que con la información en sus manos podrá "avanzar" en los procesos contra las autoridades. 

"Esta CPI ya ha dado resultados. Tenemos denuncias, acciones penales, autoridades removidas y muchas investigaciones en curso y ahora, con esta nueva información, podremos avanzar en la investigación en relación a autoridades con jurisdicción en los tribunales superiores", expresó el fiscal general, según informó el Ministerio Público en un comunicado. 

Este martes, 7 de los 11 senadores que investigaron la gestión del Gobierno de la pandemia votaron a favor del texto presentado por el legislador Renan Calheiros la semana pasada, en el que recomienda inculpar al mandatario de una decena de delitos, por favorecer una pandemia que resultó en muerte y "charlatanismo".

El documento, con más de 1.288 páginas, también pide inculpar a otras 77 personas, incluyendo varios ministros y exministros, a tres de los hijos del mandatario y a dos empresas.

La comisión del Senado brasileño que investigó la gestión de la pandemia vota a favor del informe que imputa 9 cargos contra Bolsonaro

En lo que respecta al mandatario, la CPI considera que Bolsonaro tuvo responsabilidad en los delitos de "epidemia con resultado de muerte; infracción de medidas sanitarias preventivas; empleo irregular de fondos públicos; incitación al delito; falsificación de documentos privados; curanderismo; crimen de prevaricación; delito de responsabilidad y crimen contra la humanidad".

Los cargos serán remitidos, además de al fiscal general Aras, al Supremo Tribunal Federal y al Tribunal Penal Internacional de la ONU de La Haya, en lo que respecta al último señalamiento.   

"Hubo más de 600.000 muertos. No queremos venganza. Queremos justicia. Que las personas que contribuyeron a esto sean responsables de la justicia de los hombres. Confiamos en el trabajo de la Procuraduría General de la República y de todo el Ministerio Público de la Federación", dijo el presidente de la CPI, Omar Aziz.