"Las niñas son niñas, no son madres": La ministra de la presidencia de Bolivia rechaza que se obligue a parir a una menor de edad que fue violada

La ministra de la presidencia de Bolivia, María Nela Prada, rechazó este miércoles que se pretenda obligar a las niñas a ser madres, en medio del controvertido caso de una menor de 11 años que fue violada por su abuelastro y que ahora estaría siendo forzada a parir.

"Las niñas son niñas, no son madres. Nosotros vivimos en un Estado laico y por supuesto, a nivel internacional, se considera que el embarazo de una menor es una forma de tortura", señaló Prada a periodistas, refiere la Agencia Boliviana de Información (ABI).

La ministra dio estas declaraciones con relación al caso de una niña de 11 años, de la localidad de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, que quedó embarazada tras ser víctima de reiterados abusos sexuales por parte del padre de su padrastro. Si bien la madre de la víctima solicitó en principio la interrupción del embarazo, las presiones de organizaciones antiaborto y de la Iglesia católica la coaccionaron a retractarse de su pedido.

Al respecto, la ministra Prada aseveró: "No deberíamos, para nada, decidir en este caso. Lamentablemente se lo está haciendo desde algunas instancias sobre la vida de una niña, que en ningún momento ha elegido ser madre".

La pequeña, que tiene más de 20 semanas de embarazo, ha dicho explícitamente que no quiere ser madre, por lo que la ministra boliviana ha respaldado su decisión e instado a la sociedad a condenar de manera rotunda este tipo de hechos.

Condena de la ONU

Tras hacerse público el caso, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (ONU Bolivia) emitió un comunicado para hacer "un llamado urgente a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura".

ONU Bolivia recordó que "ante los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años", existe un marco normativo internacional y local, "que debe aplicarse de manera integral y oportuna para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas".

"El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación", dice el texto.

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La ONU también consideró imprescindible que en este tipo de casos, "el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna" para que se cumpla la normativa vigente que garantiza los derechos de las niñas.

"Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan la revictimización y atenten contra sus derechos", apunta Naciones Unidas.

La instancia internacional también recuerda que con base en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014, "la mujer y la niña podrán, como una opción, acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo".