La indagatoria judicial al expresidente argentino Mauricio Macri, quien está acusado de presunto espionaje ilegal, se suspendió hoy de forma sorpresiva debido a que no ha sido autorizado a revelar secretos de las tareas de inteligencia que se llevaron a cabo durante su mandato.
Con Macri ya presente en el juzgado, el juez Martín Bava informó que no había recibido el aval que debe brindar el presidente Alberto Fernández para que su sucesor pueda declarar en estos temas que implican cuestiones de Estado.
Esa autorización fue firmada por la tarde mediante un decreto del mandatario, según informó el diario La Nación, pero ya había sido suspendida la sesión y ahora deberá fijarse una nueva fecha.
De esta forma se postergó por tercera ocasión la declaración de Macri en esta causa en la que se le acusa de haber coordinado el espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que se hundió a fines de 2017.
"Acá estoy, tratando de entender esta citación tan intempestiva, sin fundamento y en medio de una campaña electoral", advirtió el expresidente antes de ingresar al juzgado frente a cientos de simpatizantes que se acercaron para acompañarlo.
"Sé que están acá porque vienen a defender su futuro. Ya no somos los mismos, ya no somos más borregos. Vamos a luchar por lo que nos corresponde. Estamos tranquilos, sabemos lo que hicimos", agregó desde un escenario que compartió con dirigentes de su espacio político.
También se pronunció a favor de una justicia independiente e imparcial, "no como la de hoy, que es una cultura del poder oscura, perversa que usa una tragedia para dañar".
Macri reiteró así sus críticas al juez Martín Bava, quien lo citó para que aclare el papel que jugó en el espionaje ilegal que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cometió en contra de los familiares de los submarinistas.
La indagatoria ha estado rodeada de una polémica, ya que Bava lo convocó el 7 de octubre, pero en ese momento Macri se encontraba en una gira en EE.UU., desde donde denunció que era víctima de una "persecución política".
Después, el juez lo citó para el 20 de octubre, pero el expresidente volvió a faltar y solicitó que el juez fuera apartado de la causa al considerar que ya lo había prejuzgado, pero la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el pedido.
Esta es una de las múltiples causas por espionaje en la que el expresidente está involucrado, ya que se ha demostrado que durante su Gobierno la AFI hizo tareas de inteligencia de manera sistemática, y sin orden judicial de por medio, a políticos opositores, oficialistas, líderes sociales y, en este caso, a víctimas de una de las mayores tragedias registradas en el país sudamericano en los últimos años.
La desaparición
El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan, en el que viajaban 44 tripulantes, dejó de tener contacto mientras se ubicaba a 430 kilómetros de la costa argentina.
Dos semanas más tarde, el Gobierno macrista dio por finalizada la búsqueda a pesar de que la nave no se había encontrado y en medio de los reclamos de los familiares, que esperaban que hubiera sobrevivientes.
En agosto de 2018, es decir, nueve meses después de la desaparición, el Gobierno contrató a la firma Ocean Infinity para reiniciar la búsqueda a cambio de un pago de 7,5 millones de dólares que solo se haría efectivo si hallaba al submarino, lo que la empresa logró el 17 de noviembre, justo un año después de la desaparición.
La tensión entre el gobierno y los familiares fue permanente, ya que desde el principio hubo declaraciones desafortunadas de los funcionarios y acusaciones de los familiares por maltratos, presunta corrupción y negligencia en el operativo de búsqueda, ya que el submarino se encontró muy cerca del lugar en donde había desaparecido.
El año pasado, el caso se agravó cuando el Gobierno de Alberto Fernández reveló que se habían encontrado pruebas de que los familiares de los tripulantes habían sido espiados.
El exministro de Defensa, Agustín Rossi, explicó en ese momento que el seguimiento no había sido ordenado por ningún juez, por lo que era ilegal, y se habría llevado a cabo mientras el submarino aún estaba desaparecido.
Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, denunció el hallazgo de tres discos rígidos que almacenaban seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas entre enero y junio de 2018, lapso en el que los familiares de los tripulantes presionaban al macrismo para que intensificara la búsqueda del submarino.
Por esta causa ya fueron procesados el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, y la exsubdirectora Silvia Majdalani, quienes están acusados de espionaje ilegal en otras investigaciones judiciales. En todas sus declaraciones han negado los cargos.