Argentina está encabezando una propuesta sin precedentes que será presentada en la edición número 26 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26): "canjear" deuda externa por acciones concretas a favor del medio ambiente, considerando los difíciles compromisos financieros que tienen los países en desarrollo, agravados en la pandemia. Es decir, lograr un alivio económico para cada Estado, a cambio de que estos realicen un beneficio para toda la humanidad, pautando ciertas metas ecológicas.
El presidente, Alberto Fernández, está queriendo instalar la iniciativa desde hace varias semanas. Ya planteó el tema en la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático a inicios de septiembre, y también impulsó el Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas, para sumar apoyos y unificar posiciones. La mayor apuesta de la administración peronista será en la ciudad de Glasgow (Escocia), donde se realizará la cumbre de la ONU, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre.
Aunque desarrollar esta idea conllevaría largos diálogos, en la previa surgieron buenas expectativas. De hecho, importantes organismos de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, podrían presentar planes de "canje de deuda verde" en la COP26, haciendo que la iniciativa de Buenos Aires no suene tan descabellada. "Tiene el potencial de contribuir al financiamiento climático y facilitar una acción acelerada en los países en desarrollo", adelantó la titular del Fondo, Kristalina Georgieva. Entre tanto, Argentina, principal deudor del organismo, está tratando de renegociar los pagos pendientes, mientras afronta altos índices de pobreza en el escenario interno.
"A situaciones inéditas, soluciones inéditas"
Según el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, Miguel Ponce, "Argentina y los países del sur hacen un buen negocio cambiando deuda por medidas en esta dirección". Al respecto, ejemplifica: "La condonación podría ser con una baja de intereses". Esto se podría aplicar "calculando cuánta mejora significa que salga una ley de reducción del talado en zonas verdes, cuánto equivale que las condiciones para las mineras sean otras, que no hayan subsidios para la explotación petrolera, o que se faciliten avances y proyectos para la transición energética". Es decir, una reducción de la deuda externa o un aumento en las facilidades de pago, "a cambio de objetivos que sean medibles".
Sin embargo, remarca que para lograr un pacto conveniente "tiene que haber una discusión global, con los intereses del sur contemplados, y no solo acordado desde el G20". Además, Ponce advierte que "en Argentina la situación no es homogénea", por eso lo que diga el Gobierno ante la ONU podría tener repercusiones internas diversas. "Muchos entendemos que es necesario avanzar hacia una economía descarbonizada, con agendas verdes como temas centrales, pero hay gobernadores que son muy extractivistas", subraya. También considera que se tendría que haber producido "una discusión pública mucho más grande", y aunque apoya la propuesta, critica que "no tiene los niveles técnicos que debería tener".
Con ese marco, la COP26 se va a desarrollar mientras el país latinoamericano afronta un contexto económico angustiante. En efecto, la administración peronista ya está negociando un acuerdo de facilidades extendidas para poder pagar la deuda de 45.000 millones de dólares más intereses, contraída con el FMI bajo el Gobierno de Mauricio Macri.
Sobre ello, Ponce comenta que esta clase de convenios suele tener una duración de diez años: "Dos que le quedan a Alberto Fernández, y dos mandatos que vengan después. Por eso implica tomar políticas de Estado, y el Fondo pide que el pacto que se haga tenga un acuerdo parlamentario". Sin embargo, en el 2018 esa entidad no pidió grandes requisitos para otorgar el mayor préstamo de toda su historia. Cuando el macrismo pidió financiamiento, lo hizo sin la aprobación del Congreso, pese a ser una obligación constitucional.
Con optimismo, el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, Miguel Ponce, remarca "los beneficios conceptuales y financieros de ver a la contaminación como un mercado global", más allá de las críticas que puedan surgir por una posible mercantilización del medio ambiente.
En cuanto a la propuesta argentina, el entrevistado comenta: "Es entendible que a situaciones inéditas, como la que estamos viviendo, haya que buscarle soluciones inéditas. Muchas cosas en pandemia lo son, hasta el Fondo se maneja de modo inédito". De hecho, señala que la nueva postura del organismo se debe al rol que están tomando muchos Estados, incluso los más liberales, "participando de forma activa en los mercados". Sobre ello, destaca a EE.UU., principal accionista del FMI, que tiene un posicionamiento interventor de su economía, marcando esa "inclinación" en el organismo.
Con optimismo, el experto remarca "los beneficios conceptuales y financieros de ver a la contaminación como un mercado global", más allá de las críticas que puedan surgir por una posible mercantilización del medio ambiente. Hace alusión a algunas situaciones puntuales, como la posibilidad de que el FMI lance "un fondo de compra de bonos verdes y que los dólares recaudados se usen para amortizar deudas", mientras que los proyectos ecológicos los pagaría cada nación. Esto, sumado a la chance de que "la inversión de países en infraestructuras verdes no se compute como déficit fiscal". Para concluir, Ponce enfatiza: "Es imprescindible que haya conciencia de que este es el camino del futuro. Es irreversible".
Bonos de carbono
Para el economista Fabián Medina, la idea de canjear deuda por acción climática es totalmente innovadora: "En la historia económica mundial, nunca se usó como moneda de cambio, y ningún país jamás lo propuso", detalla. A su criterio, la propuesta de Alberto Fernández "es viable", aunque cree que ya existen mejores alternativas. "Yo iría por los MDL [Mecanismos para un Desarrollo Limpio]", expresa. Se trata de unos bonos que se otorgan a los países que reduzcan sus emisiones de carbono, algo que jamás se tuvo en cuenta en Argentina. El entendido subraya que es un mecanismo mucho más rápido y simple para sumar dólares, directamente en las arcas del Banco Central.
"Vos te comprometés, ofrecés una reducción de emisiones, Naciones Unidas establece los niveles, hace una auditoría y en base a eso, por mencionar un ejemplo, te puede dar unos 10.000 millones de dólares", explica. "Esos bonos se pueden canjear en el mercado internacional, y terminan siendo alrededor de 8.000 millones, el 80 %, que son recursos genuinos", agrega. El especialista comenta que la ONU vuelve a hacer revisiones al cabo de unos años: "Si la reducción es mayor a la que ofrecías, te dan más bonos, y si es menor, tenés que devolver". Según Medina, esto es dinero que ingresa "en no más de un año".
De todos modos, el docente universitario señala que en el país latinoamericano no están muy extendidos los negocios verdes: "Las empresas de Brasil tienen unos 150 o 200 proyectos de desarrollo limpio. En Argentina, eso se traduce en unas 25 o 30. No está muy difundido el tema del mercado de los bonos de carbono". Para acceder al rubro, se debe contar con una autorización pública, o incluso el propio Estado puede impulsar algún proyecto, pero eso "no es muy común".
Desafíos de América Latina
Latinoamérica enfrenta una paradoja: aporta pocos gases de efecto invernadero, si se lo compara con otras regiones del planeta —la tercera parte de lo producido per cápita en Europa o EE.UU. —, pero tiene zonas muy vulnerables a los impactos causados por los cambios en el medio ambiente, afirma el comunicador especializado Fermín Koop. Así, entre 1950 y 2016, el Caribe tuvo 324 desastres climáticos, con 250.000 muertes y pérdidas de unos 22.000 millones de dólares.
Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calculó que, para el 2050, el cambio climático podría costarle a la región entre el 1,5 % y 5 % del Producto Interno Bruto (PIB), todo eso sin mencionar la caída de la actividad durante la pandemia. Actualmente, esta parte del planeta cuenta con pocos recursos financieros para adaptarse a las modificaciones del ambiente. De hecho, entre sus dos economías más importantes, Brasil y México, se absorbe el 49 % del financiamiento total, con 1.254 millones de dólares y 685 millones, respectivamente.
En ese contexto, José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos de la CEPAL, repasó que en 2020 el "gasto marrón", de emisión de gases, fue cuatro veces mayor al "gasto verde" en América Latina: 7.400 millones de dólares contra 1.600 millones. Hoy, el 80 % de la emisión se compone por: el uso de la energía en diversas formas, la agricultura y los cambios en el uso de la tierra. Asimismo, la fuente de emisión que más creció en los últimos años es el transporte.
Con este panorama, los dirigentes regionales deben buscar variantes si pretenden que sus sociedades no se estanquen en el futuro cercano. Es que, si se cumplen en este siglo las metas de temperatura mundial del Acuerdo de París, se estima que entre el 66 % y 81 % de las reservas petroleras de Latinoamérica no serían explotables. Sin embargo, el único país de la región que presentó ante la ONU su plan de descarbonización a largo plazo, fue Costa Rica, y según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) esto le podría significar beneficios netos de 41.000 millones de dólares entre 2020 y 2050.
"Deuda ecológica"
Frente a este complejo paradigma, donde los países pobres afrontan el cambio climático en mayor magnitud que las naciones ricas, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ya se mostró afín a la propuesta de canjear deuda. Pero el papa Francisco –nacido en Buenos Aires– fue todavía más lejos, y en una carta pública habló de "la deuda ecológica que existe especialmente entre el hemisferio norte y el hemisferio sur del planeta".
"Argentina puede liderar en el sur global un movimiento que reclame la deuda ecológica, que es mucho más que este canje de deuda financiera por acciones climáticas", sostiene el abogado ambientalista Enrique Viale.
Consultado por este medio, el abogado ambientalista Enrique Viale opina que ahí está la clave, más allá de negociaciones por la deuda externa, cuyo planteo le parece "insuficiente". "Argentina puede liderar en el sur global un movimiento que reclame la deuda ecológica, que es mucho más que este canje por acciones climáticas. El norte basó su desarrollo en el saqueo y expoliación de nuestra naturaleza", dice el letrado. Sobre la "deuda climática", sostiene: "EE.UU. tiene el 4 % de la población mundial, y emitió el 20 % de los gases de efecto invernadero. A escala global, solo 100 empresas son responsables del 70 %".
Para Viale, el Gobierno argentino tiene que incluir esto "en la mesa de negociaciones de la deuda financiera". Y pregunta: "¿Quién le debe a quién?". Por ahora, la misma administración que puertas adentro incentiva el extractivismo, de cara al mundo lanza una propuesta que deja a casi todos contentos. Es el primer paso, y podría convertirse en un logro geopolítico para Alberto Fernández y los países endeudados.
Leandro Lutzky
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