La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) denunció este jueves que el gobierno de Guillermo Lasso pretende recortar 213 millones de dólares a las universidades y escuelas politécnicas públicas para 2022.
El recorte, según la denuncia, se haría mediante la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) que el Ejecutivo envío el pasado sábado a la Asamblea Nacional para su estudio.
La FEUE señala que con este tijeretazo presupuestario se pone en riesgo la "calidad, el acceso, la investigación en la educación superior y los planes de retorno progresivo presencial a las aulas universitarias" tras la pandemia del coronavirus.
De acuerdo con la federación estudiantil, la administración de Lasso busca "debilitar a la universidad pública" para "beneficiar" a la privada.
Añaden que la medida del recorte obedece a los acuerdos que el Gobierno tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instituciones que "obligan a reducir presupuesto para educación y salud" para otorgar líneas de crédito.
"El presidente Lasso le miente a la juventud y al pueblo ecuatoriano", dice la FEUE, que señala que mientras en su discurso "habla de entregar más cupos, garantizar la autonomía universitaria y la calidad", en los hechos, con la reducción presupuestaria, "asfixia a la educación superior".
Según la federación estudiantil, en los últimos cuatro años se han recortado, aproximadamente, 458 millones de dólares a las instituciones de educación superior del país.
La organización exhortó a la Asamblea a hacer la revisión correspondiente al PGE y que se garanticen los recursos económicos que establece la Constitución para la educación. Dicen que de concretarse los recortes presupuestarios no descartan realizar movilizaciones en el país.
Esto abre una crisis más para la administración de Lasso, que se enfrenta a movilizaciones sociales —principalmente del movimiento indígena—, la situación en los centros penitenciarios y las acusaciones por la aparición de su nombre en los denominados Pandora Papers, que señalan que el mandatario ha tenido vínculos con 10 empresas y fideicomisos 'offshore' en Panamá y los estados de Dakota del Sur y Delaware, en EE.UU.