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La niña de 11 años que fue violada en Bolivia pudo interrumpir su embarazo, está estable y se encuentra bajo resguardo de la Defensoría
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, recordó que a la menor se le deben respetar los derechos a la confidencialidad y a la continuidad de su vida.
Tras varias semanas de disputa con organizaciones vinculadas a la Iglesia católica, el Estado boliviano garantizó el derecho a la interrupción del embarazo a una niña de 11 años que había sido violada en reiteradas oportunidades por un hombre de 61, padre de su padrastro.
La pequeña se encuentra en condición estable luego del procedimiento que le permitió abortar, pasadas las 21 semanas de gestación. La interrupción pudo hacerse antes, pero aparentemente la injerencia de organizaciones conservadoras ejerció presión para que la familia intentara llevar el embarazo a término, lo que obligó a la Defensoría a acudir a la Fiscalía para garantizar que la menor no fuese obligada a ser madre.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, detalló el domingo que la operación fue realizada el sábado 6 de noviembre, luego que la pequeña manifestara que no quería nada en su vientre que fuera producto de una violación.
El funcionario recalcó que la menor fue atendida en correspondencia a lo que dictan las leyes bolivianas. "La justicia ha determinado que el mayor bien es precautelar la vida de la niña porque no existían condiciones para que continuara con este embarazo", indicó Del Castillo, quien detalló que la menor fue dada de alta y está bajo el cuidado de la Defensoría de Yapacaní.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en rueda de prensa. https://t.co/xFormz9dom
— Defensoría del Pueblo Bolivia (@DPBoliviaOf) November 8, 2021
El ministro también criticó a las autoridades de la iglesia católica por haberse opuesto al procedimiento, en vez de velar por el bienestar de la menor y condenar a los violadores. "Ese debería ser el principal rol de la iglesia", cuestionó.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo el lunes que mantienen protegida a la niña y recordó que se le deben respetar los derechos a la integridad, confidencialidad y a la continuidad de su vida.
El mismo día el titular de Salud, Jeyson Auza, advirtió que los medios de comunicación debían evitar la revictimización de la niña, proteger su identidad y no revelar detalles de su vida personal.
El caso
La niña, residente del municipio Yapacaní del departamento de Santa Cruz en Bolivia, fue sometida durante meses a continuos abusos sexuales por parte del papá de su padrastro. Esto ocurría cuando la madre y su pareja le confiaban el cuidado de la pequeña para poder ir a trabajar.
El embarazo fue descubierto cuando la pequeña le contó a sus familiares que sentía "movimientos extraños" en su vientre y tras una revisión médica se determinó que tenía 21 semanas de gestación. Una vez se filtró a los medios el caso, la iglesia inició un proceso para obligar a parir a la niña.
Esta postura generó rechazo dentro del Ejecutivo boliviano así como en la Organización para las Naciones Unidas (ONU), que exigió respetar el derecho a la interrupción del embarazo, debido a que las maternidades producto de agresiones sexuales son consideradas como tortura.
La menor de edad estaba facultada para practicarse el proceso, amparada en una sentencia constitucional de 2014, que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del periodo de gestación en que se encuentre.
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