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El lobby ruso antivacunas con raíces en España: cómo CitizenGo busca truncar la campaña contra el covid-19 en Rusia
La organización con sede en Madrid, conocida por sus vínculos de ultraderecha, manipula a la opinión pública lanzando peticiones contra la vacunación obligatoria, pese a que en Rusia siempre ha sido de carácter voluntario.
En medio del auge de contagios y de muertes por covid-19 que afronta Rusia este otoño, lo que ha llevado al Gobierno a introducir restricciones mientras se barajan medidas adicionales para impulsar la campaña de vacunación para lograr que el país recupere pronto la normalidad, se agudiza el debate sobre la necesidad de la inoculación y sobre si debería tener un carácter obligatorio en condiciones de pandemia.
Ante la complicada situación epidemiológica, se han intensificado en Rusia las actividades de la filial local de la organización CitizenGO, conocida en el país como una plataforma de peticiones en línea. Según ha podido saber RT, los autores de las últimas dos peticiones contra las medidas anticovid son los propios representantes de CitizenGO o personas afiliadas.
Una de las más recientes, que proclama "¡poner fin a las pruebas obligatorias de covid-19 para los niños en Moscú!, fue impulsada el pasado 18 de octubre por la entidad Por los derechos de la familia, de Pável Parféntiev, quien también es director de CitizenGO Rusia. En los colegios de Moscú actualmente no se llevan a cabo pruebas obligatorias de coronavirus, salvo en 10 centros educativos donde se realizan tests rápidos a los alumnos cada dos semanas en forma de experimento desde el mes pasado.
Otra iniciativa del 25 de agosto exige "¡quitar de la ley la compulsión a la vacunación!". En este caso, la petición corre a cargo de la entidad antivacunas denominada Respuesta inmunitaria, donde la responsable de cuestiones de cooperación es Alexandra Mashkova-Blaguij, coordinadora de CitizenGO Rusia, conocida en la práctica como líder del movimiento.
"El calificativo de 'antivacunas principal' es una medalla. Al fin y al cabo, hoy en día a todos aquellos que encienden su cerebro y su dignidad los llaman antivacunas", escribió Mashkova-Blaguij el 20 de agosto en su canal de Telegram, subrayando que los responsables de las muertes por covid-19 no son los que se oponen a la vacunación, sino "los que han optimizado el sistema de sanidad pública y han destruido al personal médico", en referencia a una reforma gubernamental de hace unos años que, pese al objetivo de prestar a los pacientes mejores servicios de calidad en materia de salud conllevó cierres de muchas clínicas y el despido de decenas de miles de trabajadores del sector.
La primera petición de CitizenGO ha logrado más de 71.000 firmas y la segunda casi 98.000, aunque no revisten fuerza legal en Rusia y, básicamente, recogen los datos personales de los firmantes.
La última petición mencionada fue lanzada aunque, por ley, la vacunación contra el coronavirus siempre ha sido y sigue siendo de carácter voluntario en todo el territorio nacional; lo que no quiere decir que el Gobierno ruso no recurra a medidas que a muchos les parecen radicales en un intento de acelerar el ritmo de la vacunación.
De hecho, las autoridades barajan en estos momentos la introducción de códigos QR, otorgados a las personas inoculadas y los que contrajeron covid-19 en los últimos seis meses, para poder viajar en tren o en avión, entrar en tiendas, restaurantes y otros lugares públicos. También multan a los negocios de ciertos sectores, en su mayoría de servicios, si un determinado porcentaje de sus trabajadores no está vacunado, obligando de esa forma a muchas empresas a apartar a los empleados no vacunados de sus funciones por tiempo indefinido y sin sueldo, medida que en Rusia no equivale a un despido formal.
"Red de intolerancia", según WikiLeaks
Según datos del servicio de análisis de las páginas web CY-PR.com, el nombre de dominio de CitizenGO fue registrado hace ocho años en Estados Unidos, al mismo tiempo que fue creada la fundación internacional CitizenGO con sede en España.
En 2013, la entidad, constituida por la asociación ultraderechista HazteOír, apareció en Madrid como una fundación de corte ultraconservador que apoya la institución de la familia y promueve la vida y la libertad. La plataforma 'online' opera actualmente en 50 países y en 12 idiomas, según su portal, y es más conocida por sus iniciativas contra el aborto, los derechos de la comunidad LGBT, la educación sexual, el "feminismo radical" y los matrimonios entre los representantes del mismo sexo.
El pasado 5 de agosto, WikiLeaks publicó más de 17.000 documentos de HazteOír y CitizenGO correspondientes al período entre 2001 y 2017, y que abarcan la fundación de la última entidad y las actividades de ambas. La revelación lleva por título 'La red de intolerancia' y constata que tanto HazteOír como CitizenGO dirigen sus campañas "so pretexto de los valores familiares", aunque "queda claro a través del conjunto de documentos que sus valores están arraigados en un contexto cristiano extremadamente ultraconservador".
Los documentos también revelaron que CitizenGO busca recaudar grandes sumas de dinero e "influir en la política a alto nivel", demostrando que las donaciones de "grandes fortunas" hicieron posible la creación del partido de extrema derecha VOX en España. De hecho, una investigación de OpenDemocracy de 2019 destapó los nexos de HazteOír y CitizenGO con los partidos políticos de derecha en España, Italia y Hungría.
Además, WikiLeaks recuerda algunos reportes sobre la conexión de esas entidades con El Yunque, una sociedad ultracatólica mexicana y semillero de militantes que antes era clandestina y que sigue activa a día de hoy. Entre sus objetivos, El Yunque priorizó "defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás, así sea mediante la violencia o el asesinato", escribió Álvaro Delgado en su libro sobre el grupo titulado 'El Yunque: la ultraderecha en el poder'.
HazteOír trató de desvincularse de ese nexo. En todo caso, tras una serie de sus escandalosas acciones ultraderechistas, en 2019 el Ministerio del Interior de España anuló la declaración de interés público concedida a la organización en 2013, privándola de beneficios fiscales.
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