Pasadas 24 horas desde que el Gobierno de Bolivia derogara la resistida 'ley madre' contra el lavado de ganancias ilícitas, la tensión política en Bolivia se mantiene.
Tras la abrogación de la normativa que motivó una huelga de 9 días en algunas ciudades del país, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció la suspensión del paro indefinido, pero advirtió que "la lucha debe continuar".
En una rueda de prensa realizada la noche del martes, Calvo celebró el retroceso de la ley que generó rechazo en sectores opositores de la derecha y aseguró que el paro constituyó "un instrumento de lucha". "La resistencia al totalitarismo tiene que continuar con este y otros instrumentos", agregó.
"Levantamos el paro indefinido desde este momento y nos declaramos en emergencia y movilización permanente", anunció Calvo, al tiempo que consideró que la gestión de Luis Arce "ha salido derrotada", según informó el periódico La Razón.
"De intentar consumarse otro atentado a nuestra libertad y democracia, volveremos a las calles con más fuerza y vigor", insistió.
Pero la decisión de los 'cívicos' de suspender la huelga, que contó con el apoyo de algunos sindicatos, despertó el descontento de otros sectores conservadores que acompañaron las medidas de fuerza contra el gobierno.
En la madrugada de este miércoles, grupos identificados con la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) rodearon el edificio del Comité Pro Santa Cruz y exigieron la renuncia de Calvo, a quien consideraron un "traidor".
Investigado por "sedición"
Recientemente, la Fiscalía de Santa Cruz admitió e inició una investigación contra Rómulo Calvo por los delitos de conspiración y sedición, por sus discursos sobre "tumbar al Gobierno" o de "último 'round'".
En Potosí, otra de las ciudades donde se concentraron las protestas, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) decidió hacer un cuarto intermedio en el paro multisectorial que cumplieron por más de nueve días, aunque también avisaron que continuarán en "estado de emergencia" ante posibles acciones o leyes que vayan "contra el pueblo", reportó El Deber.
"El pueblo no se los permitió"
El Gobierno de Luis Arce ha denunciado que la oposición tergiversó el sentido de esa ley para promover manifestaciones, y aseveró que detrás de ellas existe una intención de desestabilizar al Ejecutivo. Para el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), los impulsores de esas acciones adelantan un nuevo intento de golpe de Estado, procurando repetir el escenario de tensiones previo al derrocamiento de Evo Morales.
"La derecha quiere montarse en cualquier cosa para volver a interrumpir la democracia y evitar la continuidad de un Gobierno del pueblo. La Ley 386, que jamás pretendió afectar a las inmensas mayorías, salvo a los que acumulan el dinero a través de actividades ilícitas y lo envían a los paraísos fiscales, ya ha sido abrogada. Pero, a pesar de ello, seducidos sectores radicales de derecha quisieron seguir paralizando la reactivación de la economía y avanzando en sus planes desestabilizadores. El pueblo no se los permitió", dijo el presidente boliviano en un evento realizado en Trinidad.
La administración de Arce anunció ya que trabajará, en colaboración con los sectores pertinentes, en una nueva ley contra la regularización de las ganancias ilegales, cuyo borrador espera tener para diciembre. Entre tanto, el analista político Juan Manuel Carry dijo en una entrevista con RT que, tras la abrogación de la Ley 386, las crecientes exigencias de la derecha y su incitación a protestas evidencian sus planes de provocar más fricción.