Honduras se prepara para una elección presidencial que se debate entre dos modelos de país y pone fin a la era Hernández
Más de cinco millones de personas están llamadas a votar en las elecciones generales de Honduras del próximo domingo 28 de noviembre para elegir al sucesor de Juan Orlando Hernández, quien ha estado al mando del país centroamericano por dos períodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022).
Además de votar por el próximo mandatario, los hondureños elegirán a tres designados presidenciales, a 20 miembros del Parlamento Centroamericano, a 128 diputados del Congreso Nacional y a 298 alcaldes y sus respectivos regidores.
En la boleta aparecen 14 candidatos a la Presidencia, aunque solo dos aspirantes se perfilan como los favoritos. Por un lado, la candidata izquierdista de Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien fue depuesto mediante un golpe de Estado en 2009. Mientras que por parte del oficialista Partido Nacional se presentó el conservador Nasry 'Tito' Asfura, actual alcalde de la capital, Tegucigalpa.
La población hondureña se vio privada de escuchar a los principales aspirantes discutir sobre sus principales proyectos en materia de seguridad, justicia, salud o educación. Tanto Castro como Asfura se ausentaron del debate presidencial organizado por la Universidad de San Pedro Sula a mediados de octubre. En tanto, el ejercicio a cargo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), previsto para el 7 de noviembre, también fue cancelado por la falta de respuesta de los candidatos.
Polos opuestos
Los aspirantes del Partido Nacional y de Libre representan polos opuestos de cara a esta jornada electoral.
Asfura declaró en campaña que "el papá gobierno no puede seguir operando de la forma como está operando". Para el candidato del Partido Nacional, es indispensable la descentralización, por lo que se mostró partidario de que sean los municipios quienes administren el presupuesto y ejecuten los programas estatales.
En contraste, Castro proclama que es indispensable que el Estado nuevamente asuma su "responsabilidad de planificar todas sus políticas y actividades sociales", en lo que refiere a los asuntos económicos, de seguridad y de medio ambiente.
Salud y educación
Castro rechaza la privatización del sistema sanitario y, en cambio, propone "aumentar sustancialmente el presupuesto asignado a Salud". En sus promesas de campaña sobresale la eliminación de las cuotas que se hacen en hospitales y centros de salud del sector público.
En este sector, 'Tito' Asfura aboga por crear "un centro de atención de emergencia y triage en cada municipio" de la nación.
En materia educativa, la candidata del partido Libertad y Refundación propone la "educación gratuita y universal", con el regreso de la matrícula gratuita y la garantía de que las universidades públicas "no podrán rechazar la primera matrícula a ningún graduado del sistema de educación secundaria".
En cambio, el alcalde capitalino apuesta por aumentar la tecnología en los centros educativos, a la vez que se ha pronunciado por mejorar el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), la cual ofrece cursos de formación y capacitación para aumentar la productividad nacional.
Empleos y combate al crimen
Para mejorar la situación de seguridad, Castro ha expresado la importancia de luchar contra el lavado de capitales provenientes del crimen organizado transnacional y nacional, ligado a actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería clandestina, la tala ilegal de madera y la trata de personas. Además, la ex primera dama hondureña tiene entre sus planes el "recuperar los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado".
En cambio, 'Tito' Asfura estima que la mejor forma de combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico es garantizar oportunidades laborales para la población. "Dar trabajo es dar mayor seguridad al país", afirmó el candidato durante un conversatorio organizado por el Foro Nacional de Convergencia (Fonac).
Por otra parte, Castro habla de la generación de empleo masivo, la estimulación económica para la microempresa y la reducción de la comisión que cobra la banca en el cambio de moneda provenientes de las remesas que vienen del exterior.
En materia de derechos reproductivos y sexuales, los presidenciables tienen posturas totalmente opuestas. Mientras que el alcalde de Tegucigalpa expresó que protegería "la creación de Dios", al garantizar "el derecho a la vida", la ex primera dama propuso despenalizar el aborto en casos de violación, cuando la vida de la madre corra peligro y cuando existan "malformaciones fetales que impidan una vida digna".
Pobreza, violencia y migración
El país centroamericano llega a estos comicios en medio de varios problemas estructurales que se han agravado durante la actual administración de Hernández, quien llegó a su segundo mandato tras una polémica decisión de la Corte Suprema que le permitió presentarse a la reelección y pese a las irregularidades que hubo el día de la votación.
Entre los principales indicadores que dan cuenta de la grave situación que atraviesa Honduras está la pobreza, que se estima que alcance al 70% de la población al cierre de este año, debido al impacto de la pandemia de covid-19. A este panorama se suma la violencia, ya que la nación registró la tasa de homicidios más alta de Centroamérica en 2020 y padece las consecuencias de la acción de grupos pandilleros, muchos de ellos dedicados al narcotráfico.
Estos indicadores, aunados a la caída de 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) que se registró en 2020, así como la inseguridad alimentaria que provocaron los recientes huracanes Eta e Iota, han empujado más que nunca un fenómeno que cualquiera de los ganadores tendrá que enfrentar de llegar al poder: la migración irregular hacia EE.UU.
Datos recientes constatan que la detención de los migrantes irregulares hondureños en EE.UU. es, en proporción, superior a la de ciudadanos provenientes de Guatemala y El Salvador. Las causas de estas movilizaciones hacia el norte son diversas, pero la mayoría tiene relación directa con la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Por eso, tanto Castro como Asfura proponen el fortalecimiento de las relaciones con Washington para tratar el tema migratorio, que es prioridad para la Casa Blanca. Sin embargo, aunque EE.UU. insiste en frenar ese fenómeno con diversas medidas y promesas de cooperación, lo cierto es que los migrantes de ese país generarán unos 7.000 millones de dólares a Honduras por concepto de remesas este año, que se traducen en más de 20 % de su PIB.
Asfura plantea frenar la migración con la "tecnificación" de la población y el ofrecimiento del país como maquila para otras economías, mientras que Castro propone la creación empleos y oportunidades de desarrollo, que permitan combatir las causas de ese fenómeno, pero sin perder de vista el pleno respeto a los derechos humanos de quienes finalmente deciden salir de su país hacia EE.UU.
"En los primeros 100 días ejecutaremos un plan junto a la administración del Presidente Joe Biden y Kamala Harris, para combatir y abordar las verdaderas causas de la migración", ha prometido la aspirante izquierdista.
Abstencionismo y confianza institucional
Poco más de 5,2 millones de hondureños forman parte del padrón electoral, aunque no está claro el nivel de participación que registrará la nación centroamericana. Durante las pasadas elecciones, el abstencionismo se situó por encima del 40 %.
La campaña actual también ha estado marcada por la incertidumbre que podría generarse tras la jornada del próximo domingo, ante los eventuales reclamos de los partidos políticos hacia las autoridades electorales.
En los comicios generales del 26 de noviembre de 2017, Hernández ganó con el 42,95 % de los votos, menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, quien obtuvo el 41,24 % de las preferencias.
Tras el apretado resultado, la Alianza de Oposición contra la Dictadura denunció un supuesto fraude y la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que el proceso estuvo caracterizado "por irregularidades y deficiencias". La entidad lo calificó "de muy baja calidad técnica y carente de integridad".
Para esta elección, la OEA desplegará a 91 especialistas y observadores en 17 de los 18 departamentos hondureños. Por su parte, unos 70 integrantes de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea realizarán un seguimiento a la jornada.
José Beltrán
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