Un fiscal quiere encarcelar a una médica argentina que garantizó un aborto y desata la polémica: "Busca disciplinar e incumplir la ley"

Miranda Ruiz, una médica de la ciudad de Tartagal, al norte de Argentina, está siendo judicializada tras garantizarle un aborto con pastillas a una joven de 21 años, a once meses de haberse legalizado la interrupción voluntaria del embarazo en el país sudamericano.

En este caso, la paciente cursaba la semana 22 de gestación, y aunque la nueva ley pone un tope de 14 semanas para realizar una práctica abortiva, también se permite la acción de forma posterior por motivos de salud o frente a violaciones. Al respecto, la defensa sostiene que se aplicaron todos los protocolos necesarios para el tratamiento, iniciado el 24 de agosto. 

Sin embargo, este martes la Fiscalía de la provincia de Salta —jurisdicción con mucha resistencia al aborto— amplió la imputación contra Ruiz al considerar que la interrupción del embarazo se produjo sin el consentimiento de la gestante, "ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento". La denuncia fue radicada por una tía de la joven, cuya historia clínica no ha trascendido, respetando su intimidad y el secreto médico. 

Esta decisión del Ministerio Público Fiscal salteño se dio a conocer horas después de que agrupaciones feministas realizaran una manifestación frente al Poder Judicial, para exigir el sobreseimiento. La postura del fiscal Gonzalo Ariel Vega —quien no pudo atender a este medio por estar en una audiencia, según su secretario— es criticada por varias organizaciones.

En efecto, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir señaló que "es absurdo" pensar que la embarazada haya sido obligada a abortar con misoprostol: "Además de carecer de fundamentos, no hace otra cosa que demostrar el sentido político que subyace a este hecho, que es dañar la integridad de Miranda, disciplinar e impedir el cumplimiento de la ley".

La polémica se agranda porque Ruiz es la única médica no objetora de conciencia en el hospital Juan Domingo Perón, por lo que peligra el derecho al aborto en la ciudad de Tartagal: "Si no la dejan ejercer, no habría otro médico que lo garantice", le dice a RT la doctora Macarena Villena, miembro de la Red en Salta. 

De hecho, la implicada ya pasó algunas horas detenida a mediados de septiembre, motivando protestas para pedir su liberación y el repudio del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Aunque ahora está en libertad, el proceso sigue abierto, y el fiscal la acusa invocando el artículo 85 del Código Penal, que contempla de tres a diez años de prisión por abortos sin consentimiento. 

"Procedimiento autoadministrado"

La abogada defensora de Miranda, Paula Tkaczek, le cuenta a RT que el caso todavía no se elevó a juicio, ya que se encuentra en la etapa de "investigación penal preparatoria". Es decir, el fiscal está intentando recabar todas las pruebas necesarias para determinar si solicita el juzgamiento. De todos modos, la letrada pide que la médica sea exhimida de su acusación ahora mismo.

"Para hacer una interrupción legal del embarazo, es necesario que se cumpla un protocolo", introduce. Es decir, "que intervenga un equipo interdisciplinario, junto a un equipo médico, para determinar la legalidad del procedimiento". Al respecto, subraya: "Esto sucedió en el caso de la doctora Miranda Ruiz". 

Más en detalle, realiza un repaso cronológico sobre cómo habría actuado su clienta: "Hizo un primer contacto con la paciente y determinó que se podía tratar de una interrupción legal del embarazo. La derivó a la trabajadora social, a la psicóloga, y después con el grupo de obstetricia. También se consultó al secretario de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia".

Según Tkaczek, "todas estas personas determinaron la legalidad, y se firmó un consentimiento informado". Acto seguido, se habría escogido un "procedimiento medicamentoso autoadministrado", bajo las indicaciones médicas. "No hubo nada que haya violado la ley", enfatiza. 

"Hay que estar mucho más alerta"

A pesar de haberse regulado las situaciones para permitir abortos, en la práctica, Argentina sigue presentando algunos conflictos: "Podemos tener leyes muy de avanzada, pero siempre tenemos problemas de implementación en las provincias", opina la socióloga feminista Lucila Szwarc. Para la entrevistada, "la legislación se aplica de modo muy desigual, en función de los recursos y las voluntades".

Asimismo, esta investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) considera que la oposición a los nuevos derechos "no se da solo en el norte argentino". De todos modos, subraya que allí y en otras regiones se registran las principales tensiones: "Vemos históricamente que algunas provincias tienen un perfil más conservador, y que ponen mucha más resistencia, como también sucede con la ley de educación sexual integral".

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Szwarc remarca que hoy "hay que estar mucho más alerta", porque "los grupos 'antiderechos' están más organizados desde el 2018", año en que los debates legislativos por el aborto tomaron fuerza. "Cuando se legaliza, es cuando tenemos que estar más organizades para garantizar el acceso", puntualiza. Y agrega: "Con una legislación nunca lo consideramos una victoria acabada, implica avances y retrocesos, y sabemos que siempre se puede volver atrás". 

Si bien es cierto que la ley del aborto legal, seguro y gratuito se aplica bien en varias jurisdicciones, con "una política pública más fuerte, mayor apoyo, equipo y solidez", a la socióloga le procupa cómo crece la cantidad de profesionales con objeción de conciencia y los grupos que presentan denuncias.

Sobre ello, concluye: "La situación de la médica de Salta nos pinta un panorama que puede hablar de las dificultades de la provincia y la lucha que tienen que dar les médiques para garantizar derechos". 

Leandro Lutzky

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