Este jueves llegó a su fin la huelga indefinida que durante nueve días sostuvieron los trabajadores del metal en la provincia española de Cádiz, al sur del país, después de que los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), firmaran un preacuerdo de convenio sectorial con la patronal y los principales centros de trabajo comenzaran a recuperar la normalidad.
El acuerdo alcanzado ha estado envuelto en la polémica por las acusaciones a las dos centrales sindicales mayoritarias de no haber respetado la voluntad de la mayoría de trabajadores, siendo calificado desde numerosos sectores con gruesas palabras, como "preacuerdo de mierda".
Las organizaciones minoritarias convocantes del paro rechazan el fin de la huelga y animan a continuar con la lucha obrera, que durante las últimas jornadas se ha saldado con disturbios entre manifestantes y fuerzas del orden y que ha contado con un masivo apoyo social en una provincia marcada por un elevado paro estructural, del 23 % actualmente, la segunda más alta del país.
CC.OO. y UGT dieron ayer por finalizada la huelga a través de un comunicado, mientras que las fuerzas minoritarias, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Coordinadora de Trabajadores del Metal de la Bahía de Cádiz (CTM), han mostrado su rechazo por sostener que se trata de "un acuerdo de migajas".
Los puntos acordados
El pacto alcanzado contempla un incremento salarial del 2 % para 2021, 2022 y 2023, retroactivo desde el 1 de enero en el caso del presente ejercicio. Además, se recoge un incremento del 80 % de la diferencia entre ese 2 % y la inflación, en el caso de que esta sea mayor a esa cifra.
Sin embargo, para los trabajadores eventuales el acuerdo solo recoge la subida del 2 % sin ninguna referencia a paliar el incremento del coste de la vida, que este octubre en tasa interanual se situó en el 5,4 %.
El nuevo convenio tendrá una ultraactividad ampliada de dos años desde su vencimiento, una de las cesiones de los sindicatos, que pretendían alcanzar un acuerdo de tan solo un año de duración, ya que en la práctica se elevará a cinco.
¿Aprobado por la mayoría?
Desde los dos grandes sindicatos, mayoritarios y presentes en la mesa de negociación con la patronal –la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (FEMCA)–, se sostiene que cuentan con el respaldo de la mayoría de los alrededor de 30.000 trabajadores del sector en la provincia.
Sin embargo, muchos denuncian irregularidades en la celebración de las asambleas que debían ratificar este preacuerdo. Por ello, CGT y CTM han pedido mantener la huelga hasta este viernes y participar en esta jornada en la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes para rechazar la violencia policial. Sin embargo, no hay datos de cuántos trabajadores han secundado esta propuesta.
El acuerdo alcanzado por CC.OO. y UGT, que tienen un 70 y un 30 % de representatividad respectivamente, fue llevado a dos asambleas de delegados sindicales, que después deberán trasladarlos a las empresas, donde los trabajadores deberán ratificar o rechazar el acuerdo.
Las críticas abarcan varios conceptos. Por un lado, se afirma que es falso que los trabajadores hayan ratificado mayoritariamente el acuerdo empresa por empresa y se subraya que los eventuales, que representan alrededor del 60 % de los obreros del sector auxiliar del metal, no votan en estas asambleas.
Además, se recuerda que los delegados llevarán el preacuerdo a aquellas empresas en las que, precisamente, haya delegados sindicales, dejando a muchos trabajadores sin poder votar.
Se cuestiona que se hayan dividido los derechos entre quienes son trabajadores fijos y quienes son eventuales –siendo estos últimos más precarios–, que en el acuerdo de desconvocatoria de la huelga no se haya contado con los sindicatos que no tenían representación en la mesa de negociación y que no se haya llevado a una asamblea general en la que también pudieran votar los trabajadores sin sindicar.
Críticas contra la actuación policial
Además, la actuación de las fuerzas del orden ha sido duramente criticada durante estas jornadas. Especial mención merece la presencia de una tanqueta, un vehículo militar reacondicionado para ser utilizado por las fuerzas antidisturbios, que ha sido fuertemente censurada.
Las numerosas cargas producidas en la ciudad andaluza han dejado peticiones de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, por parte de las fuerzas políticas regionales Adelante Andalucía y Adelante Cádiz.
La polémica se extiende a Madrid
La polémica se ha extendido este viernes a la capital del país, donde la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, no ha autorizado una marcha en solidaridad con los obreros de Cádiz. Estima que no existe una causa "extraordinaria y grave" que avale la urgencia de la convocatoria, que ha sido realizada con menos de 10 días de antelación, lo que hubiera respaldado una convocatoria realizada en un menor plazo.
Precisamente, González ya estuvo en el centro de la polémica hace dos meses, cuando el pasado 18 de septiembre se autorizó una manifestación de carácter neonazi que recorrió las calles del madrileño barrio de Chueca, al grito de "fuera maricas de nuestros barrios". Entonces, la delegada del Gobierno defendió su decisión alegando que no se podía limitar su derecho a manifestación y que dispersarla habría propiciado mayores alteraciones del orden público que las que se pretendía evitar.
Nuria López
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