El expresidente del Comité Olímpico de Brasil, Carlos Arthur Nuzman, fue condenado a casi 31 años de prisión por su participación en una trama de sobornos para lograr que su país fuera sede olímpica en 2016.
La Fiscalía señalaba a Nuzman de cometer los delitos de corrupción pasiva, organización criminal, lavado de dinero y evasión. Esto cargos fueron conocidos durante la 'Operación Juego Sucio', que desveló una trama de corrupción internacional de compra de votos a miembros africanos del Comité Olímpico para asegurar que la cita olímpica se realizara en el país suramericano.
Según el magistrado Marcelo Bretas, del séptimo Juzgado Federal de lo Penal de Río de Janeiro, los motivos que llevaron al también exjugador de voleibol profesional a la práctica delictiva son "altamente reprobables", ya que demostró que es "una persona codiciosa" que "utilizó su función pública para cometer delitos".
La compra de votos
De acuerdo a las autoridades judiciales, el exdirectivo Comité Olímpico fue una pieza clave en el soborno a miembros africanos del Comité Olímpico Internacional (COI) para que votaran por Río de Janeiro como sede de los Juegos. Según la investigación, Nuzman le pidió al empresario brasileño Arthur Soares que aportara los dos millones de dólares para ese fin.
La Fiscalía brasileña, además, determinó que Nuzman falseó su declaración de impuestos, aumentó su patrimonio en 457 % entre 2006 y 2016 y trató de legalizar 16 kilos de oro, valorados en dos millones de dólares, en Suiza.
Nuzman, de 75 años, fue detenido en octubre de 2017 y se mantiene bajo arresto domiciliario en Río de Janeiro. En esa investigación, la Justicia brasileña también acusó a los senegaleses Lamine Diack y Papa Massata Diack, miembro del Comité Olímpico Internacional y exdirigente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, respectivamente; al exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral; al exdirector de operaciones del Comité Olímpico de Brasil Leonardo Gryner y al empresario brasileño Arthur Soares.
Cabral fue condenado a 10 años por corrupción pasiva y Gryner a 13 años por corrupción pasiva y organización criminal.