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Comunidades originarias de Argentina marchan en reclamo de la ley que suspende los desalojos de las tierras ancestrales
La emergencia territorial indígena venció el 23 de noviembre y fue extendida por un decreto presidencial, pero las poblaciones continúan en riesgo debido al avance de la privatización y explotación de las zonas que habitan.
Las comunidades originarias de Argentina se movilizan este martes en todo el territorio nacional para exigir la prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. La normativa suspende el desalojo o desocupación de tierras consideradas ancestrales y ordena a los estados nacional y provinciales hacer un estudio técnico catastral de los terrenos que habitan.
La ley fue promulgada en 2006 por 4 años, y desde entonces fue revalidada por el Congreso hasta la actualidad, ya que el plazo se venció sin que se terminara con los estudios de población. Así, la privatización y el avance sobre los territorios reclamados históricamente por los pueblos indígenas continúa abriendo conflictos, especialmente en tierras donde todavía quedan recursos naturales explotables.
A pesar de los reclamos de las comunidades, el pasado 23 de noviembre caducó nuevamente la ley 26.160 sin que el Congreso llegara a prorrogarla en la Cámara de Diputados, por lo que el presidente Alberto Fernández lo hizo por decreto.
Sin embargo, de esa manera la normativa presenta debilidades jurídicas que hacen que pueda ser anulada por un fallo de la Justicia. Por ello, desde hace un mes, las comunidades de todo el país han instalado un acampe frente al edificio parlamentario en Buenos Aires para exigir el tratamiento de la Emergencia Territorial, que ya tuvo media sanción en el Senado y resta ser debatida en Diputados. Se espera que la sesión clave se realice el próximo 6 de diciembre.
"La situación nos obliga a quedarnos aquí para ser visibilizados. Nosotros no vamos a abandonar la lucha, porque el decreto no nos da seguridad", comenta a RT Octorina Zamora, referente wichí e integrante de la Fundación Kajianteya.
Desde la vigencia de la ley, más de 700 comunidades indígenas preexistentes fueron registradas y están listas para recibir la titularidad de sus territorios comunitarios. No obstante, el conflicto se ha visto agravado en el sur del país por una serie de atentados contra propiedades privadas adjudicados a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un supuesto grupo armado que reivindica ocupación de territorios que consideran como "históricamente mapuches" dentro del Estado argentino. Tal como ocurre en Chile, este tipo de acciones son respondidas por las autoridades con más militarización, y generan más violencia y estigmatización.
Recientemente, un grupo ultranacionalista católico difundió panfletos amenazantes contra la comunidad: "Muerte a los Mapuches. Fuera de Bahía Blanca. Fuera de Argentina", dice el escrito firmado por el 'Comando de Restauración Nacional' y dirigido a la comunera Olga Curipán, según reveló Página/12.
"La estigmatización que está padeciendo el pueblo mapuche en el sur del país tiene que ver con un plan sistemático, esto está premeditado y va contra todos los pueblos indígenas", dice en diálogo con este medio Néstor Jerez, cacique del pueblo ocloya de la provincia de Jujuy.
Contra la estigmatización y el exterminio
Para el dirigente, con ayuda de los medios hegemónicos se quiere instalar la idea de que todos son violentos para que la sociedad de lo que hoy se denomina Argentina rechace la demanda legítima de los pueblos preexistentes: "Detrás de este plan hay un poder económico dominado por las multinacionales y los grandes poderes capitalistas no solo de Argentina, sino de toda la región, que tienen la ambición y la avaricia de seguir profundizando los saqueos sobre nuestros bienes naturales. Nosotros somos un obstáculo en su plan y por eso nos está costando tanto avanzar con la prórroga", advierte Jerez desde el acampe frente al Congreso.
Octorina Zamora agrega que en la provincia de Salta hay empresarios que están esperando que caiga la ley para empezar de nuevo con los desmontes. Incluso en la ciudad de Embarcación está proyectado hacer una carretera sobre territorio indígena. "Si nosotros no protagonizamos esta lucha nos pasan por encima", señala.
El cacique jujeño recuerda los casos de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Javier Chocobar y recientemente Elías Garay, fallecidos a manos de fuerzas represoras del Estado en el marco de la disputa territorial. Por eso, dice Jerez, "si esta ley no se prorroga va a haber una masacre", ya que hay dictadas varias órdenes de desalojo.
"Estamos discutiendo el paradigma de la vida basada en el buen vivir de los pueblos milenarios, y del otro lado tenemos el paradigma de la muerte, con las consecuencias de las políticas que se llevan adelante a través de la explotación, la contaminación, el desequilibrio y los daños irreversibles que se provocan sobre la madre tierra, y que ya se ven reflejados en el cambio climático y el calentamiento global. Por eso decimos que esta lucha debe ser de todos", dice Jerez.
Y añade: "Sabemos que la derecha históricamente nos ha negado y oprimido y nos quieren hacer desaparecer. Por eso necesitamos interpelar al campo popular. Queremos saber en qué parte de la agenda están los pueblos indígenas".
Sin embargo, aclara Jerez, las comunidades originarias de Argentina necesitan dejar de ser objetos políticos y pasar a ser actores; ser visibilizados como sujeto de derecho colectivo e ir hacia la construcción de un estado plurinacional como el que existe hoy en Bolivia, donde estos sectores tienen mayor representación en la política y los órganos de poder. "Hay un proceso ya iniciado y tenemos hermanos de diferentes identidades que son representantes en las legislaturas de sus provincias. Es una semilla que va a llevar su tiempo, pero la planta ya ha nacido. Debemos estar en esos poderes para incidir y generar una transformación basada en políticas públicas interculturales".
Emmanuel Gentile
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