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Encuesta desvela que 6 de cada 10 reos en México sufrieron algún acto de violencia tras ser detenidos por las autoridades

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) 2021, que ofrece evidencia de los abusos e irregularidades al que se enfrentan las personas aprehendidas.
Encuesta desvela que 6 de cada 10 reos en México sufrieron algún acto de violencia tras ser detenidos por las autoridades

Un poco más de 220.500 personas se encuentran encarceladas en México, según la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) 2021, publicada este martes. 

El informe, que estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ofrece un acercamiento a la falta de legalidad y la violencia que emplean las autoridades al momento de la detención y traslado de las personas a las agencias del Ministerio Público (MP), y posteriormente, a los centros penitenciarios estatales y federales. 

La ENPOL revela que el 43,9 % de los 67.584 internos entrevistados a nivel nacional declaró haber sido acusado o implicado, de manera falsa, en la comisión de un delito. Esta cifra contrasta con el 40,9 % de las personas privadas de su libertad que sí reconoció su participación en algún delito.  

El dato anterior resume la cadena de irregularidades y abusos cometidos por las autoridades mexicanas desde el momento en que detienen a una persona. El 42,8 % de los encuestados refirieron que fueron aprehendidos en la calle o sustraídos de algún sitio sin que las autoridades —ya sea Policía Ministerial, Judicial, Estatal, Municipal o Federal o las Fuerzas Armadas— mostrasen una orden de captura

Violencia y abusos 

Tras la aprehensión, las personas privadas de su libertad relataron la suma de amenazas y actos de violencia física y psicológica a los que se vieron sometidos.

El 42,9 % de los entrevistados por el Inegi denunciaron haber sido amenazados con un arma letal o no letal al momento de su detención. A la par del amago, la Policía causó una lesión leve al 39,3 % de las personas, mientras que provocó una herida grave a otro 15,5 %. El 6,2 % de los reos señaló que su vida estuvo en riesgo por la violencia empleada por las autoridades. 

Pese a que la Constitución mexicana establece que las personas detenidas deben ser puestas a disposición de un juez "sin dilación alguna", el 13,4 % de los internos afirmó que transcurrieron entre 6 y 24 horas del momento de su aprehensión hasta su traslado a una agencia del Ministerio Público (MP) o ante un juez penal; el 6,3 % dijo que pasaron entre 24 y 48 horas; y el 8,4 % denunció que corrieron más de 48 horas.

Es en este contexto de dilación en el que transcurren numerosas violaciones a los derechos humanos, como acredita el 64,5 % de la población privada de su libertad tras afirmar que sufrió algún acto de violencia, cometido o permitido por la autoridad, entre el momento de su detención y su traslado al MP.

Agresiones contra mujeres

En detalle, de las mujeres que denunciaron actos de violencia en este proceso, el 47,8 % afirmó haber estado incomunicada o aislada; el 39,1 % fue amenazada con que levantarían cargos falsos en su contra; el 29,9 % recibió advertencias de que le harían daño a su familia; al 25,1 % la amenazaron con matarla; al 23,3% le vendaron los ojos o le cubrieron la cabeza; y el 22,1 % fue desvestida.

La ENPOL recoge los distintos tipos de agresiones físicas que sufrieron el 39,8 % de las mujeres entrevistadas.

La violencia más común reportada fueron las patadas o puñetazos, con un 29,8 % que informó esta situación tras ser detenidas. Además, el 15,3 % sufrió asfixia o ahorcamiento; el 6,8 %, descargas eléctricas; y el 4,6 % fue lesionada en sus órganos genitales

La encuesta arroja evidencia sobre las múltiples violaciones al proceso penal que enfrentan las personas privadas de su libertad en la nación latinoamericana. 

A nivel nacional, y sin distinción de género, el 50 % de los entrevistados fue interrogado por las autoridades mexicanas, antes de rendir y firmar su declaración. De este porcentaje, el 42,1 % habría sido golpeado o maltratado para asumir la culpa de hechos falsos; el 34,5 % asegura haber sido engañado para declarar su responsabilidad en hechos falsos; y el 16,7 % señala que fue timado para inculpar a alguien más.  

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