Presentan un nuevo pedido de juicio político contra Bolsonaro: "Ha violado el deber principal de un presidente"

El jurista Miguel Reale Júnior encabezó la solicitud de un juicio político en contra del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al considerar que su irresponsable manejo de la pandemia provocó la muerte de miles de personas.

Bolsonaro es el presidente brasileño que ha enfrentado el mayor número de pedidos de destitución, ya que acumula 143 solicitudes en casi tres años de Gobierno, pero en este caso la nueva demanda sobresale porque Reale Júnior fue el mismo que en 2015 inició el juicio político en contra de la expresidenta Dilma Rousseff, y que culminó con su destitución.

"Bolsonaro no merece liderar la Nación, ha violado el deber principal de un presidente, fomentó el peligro y se convirtió en socio del virus", aseguró el abogado al presentar la solicitud, que también lleva el aval de otros juristas y de los senadores Omar Aziz, Randolfe Rodrigues y Renan Calheiros.

El escrito, que está basado en las conclusiones de la Comisión de Investigación Parlamentaria (CIP) que analizó la estrategia gubernamental en torno a la crisis sanitaria, denunció que Bolsonaro vulneró el derecho a la vida y a la salud y actuó de manera incompatible con el honor, la dignidad y el decoro que correspondían a sus funciones.

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También aseguró que el presidente cometió delitos comunes, de responsabilidad y de lesa humanidad porque las decisiones que tomó constituyeron "una clara afrenta" y desprecio a los derechos a la vida y la salud, ya que no convocó a evitar aglomeraciones, ni fomentó el uso de barbijos para evitar la propagación del virus.

En el informe que presentó en octubre pasado, la CIP advirtió que la mala gestión de Bolsonaro provocó que más de 600.000 brasileños murieran por covid-19 debido a que su negacionismo sobre la peligrosidad de la pandemia y la efectividad de las vacunas expuso a la población en general.

Hasta ahora ninguno de los pedidos de juicio político en contra de Bolsonaro ha prosperado porque la admisión depende de Arthur Lira, el presidente de la Cámara de Diputados que es aliado del presidente.