Una asociación civil interpuso una denuncia constitucional en contra del presidente peruano, Pedro Castillo, y de algunos miembros de su Gobierno, por realizar ajustes al presupuesto sin el trámite de aprobación que debía pasar por el Congreso.
Integridad por el Perú, definida en su sitio web como un movimiento ciudadano que promueve "el desarrollo" del país, denunció la emisión de tres decretos de urgencia para realizar modificaciones "inconstitucionales" al presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que contraviene los artículos 77, 80 y 118 de la Constitución.
Además de Castillo, están señalados la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y su antecesor, Guido Bellido; así como el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.
Modificaciones
En el Decreto de Urgencia 86-2021 se autorizó la incorporación de 2.900 millones de soles (unos 725 millones de dólares) a favor de la cartera de Economía por medio de un crédito complementario, según señaló la asociación.
Asimismo, mediante el Decreto de Urgencia 100-2021 se autorizaron 2.900 millones de soles adicionales (725 millones de dólares) al Ministerio de Economía; y se avaló la transferencia de 151,3 millones de soles (37,8 millones de dólares) del presupuesto de dicha cartera a los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego y de Salud, así como a diversos gobiernos regionales y locales, para financiar la ejecución de 44 obras de inversión.
En el Decreto de Urgencia 105-2021, los denunciantes acusaron que se autorizó la transferencia de 615,2 millones de soles (153,8 millones de dólares) del presupuesto de la cartera de Economía al Ministerio del Trabajo "para financiar el pago del bono extraordinario"; y el traslado de 52,5 millones de soles (13,1 millones de dólares) a favor de los gobiernos de distintos niveles para pagar otro bono a trabajadores formales del sector privado.
"Los créditos suplementarios y las transferencias de partidas no se realizan mediante decretos de urgencia, como indebidamente han hecho los acusados", se lee en la denuncia presentada por la asociación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Proceso de admisión
Tras la denuncia presentada por Integridad por el Perú, la Subcomisión del Congreso analizará y calificará si es admitida la acusación constitucional, y posteriormente emitiría un informe final.
"La calificación sobre la admisibilidad o procedencia de las denuncias se realizará en un plazo máximo de diez días hábiles", según lo establece el Reglamento del Congreso.