El nuevo giro dado por el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, cuya extradición a EE.UU. fue autorizada el pasado viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Londres, coincidiendo con la así llamada Cumbre por la Democracia organizada por Washington, pone de relieve las contradicciones del país norteamericano a la hora de proclamarse defensor de la libertad de expresión.
En un evento que discurrió casi paralelo al dictamen judicial sobre Assange, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció el lanzamiento de la iniciativa presidencial para la renovación democrática, que prevé asignar hasta 424,4 millones de dólares para "defender, sostener y desarrollar la resiliencia democrática" en el mundo, así como "apoyar los medios libres e independientes".
En particular, está previsto que Washington destine al Fondo Internacional de Medios de Interés Público hasta 30 millones de dólares para "fomentar la independencia, el desarrollo y la sostenibilidad de los medios independientes". Asimismo, EE.UU. planea asignar otros 5 millones de dólares para impulsar la "viabilidad" de la prensa libre.
Como parte de su iniciativa, Washington también se compromete a asignar 9 millones de dólares a la "protección física, digital y legal" de periodistas para defender el trabajo esencial del periodismo "de reclamaciones legales falsas" que buscan silenciarlos, así como otros 3,5 millones de dólares a una plataforma que brinda apoyo a periodistas.
"Corrupción y el abuso del proceso"
Sin embargo, según recuerda el excontratista de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA), Edward Snowden, el propio caso de Assange, cuya extradición pretende Washington, se ha visto atravesado por "la corrupción y el abuso del proceso". "Julian Assange es uno de los presos políticos que cumple la sentencia más larga en el mundo occidental", opinó Snowden este viernes tras conocer el veredicto del tribunal londinense, que mostró su satisfacción con las garantías ofrecidas al periodista por la parte estadounidense.
En declaraciones a RT, el exconsul de Ecuador en Londres, Fidel Narváez, sostiene que EE.UU. no puede aplicarle sus leyes a Assange, ya que el periodista no es ciudadano estadounidense.
"No debemos permitir como sociedad, como comunidad internacional que un solo país, que una sola potencia se convierta en la corte internacional, en la corte del mundo y el la Policía del mundo con el derecho de apresar a cualquier persona en cualquier parte del mundo y aplicarle sus leyes", denunció.
Según Narváez, "EE.UU. no tiene calidad moral para exigir libertad de expresión a otros países, cuando ellos son los primeros en estar persiguiendo a un periodista por haber publicado la verdad, y una verdad de interés público".
"La libertad de prensa para Washington viene a ser que tú puedes publicar todo lo que quieras, siempre y cuando no desveles los crímenes de Washington", sentenció.
El caso de Assange
Assange, de 49 años, está acusado en EE.UU. por la filtración de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos y de cables diplomáticos confidenciales sobre las actividades del país norteamericano, entre ellos registros de la guerra de Irak, la grabación conocida como 'Collateral Murder' ('Asesinato colateral') que muestra el asesinato de un grupo de iraquíes civiles desde un helicóptero en Bagdad en 2007, y el diario de la guerra de Afganistán.
Las publicaciones también abrieron camino para otras investigaciones, entre ellas las revelaciones de Edward Snowden sobre la vigilancia de la NSA y los papeles de Afganistán publicados por The Washington Post.
En abril de 2019, el ciberactivista fue detenido en la Embajada de Ecuador en Londres, donde durante siete años obtuvo refugio e incluso la nacionalidad ecuatoriana. Actualmente se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido). Los cargos que se le imputan en EE.UU. conllevan una sentencia máxima de 175 años de prisión.