En Argentina, se cumplen 20 años del estallido popular que vivió el país en diciembre de 2001, que se saldó con 39 muertos y decenas de heridos.
El estallido se produjo el 19 y 20 de diciembre, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles y así forzaron la dimisión —y huida de la Casa Rosada en helicóptero— del entonces presidente Fernando de la Rúa, que había aplicado ajustes fiscales para evitar la suspensión de pagos y también congeló ahorros bancarios.
Con motivo de este aniversario, se han realizado actos en la emblemática Plaza de Mayo y exposiciones en homenaje a las víctimas. En una de las tantas muestras artísticas que se instalaron para recordar el estallido, cobran relevancia dos de las frases que más se repetían en ese entonces: "Que se vayan todos" y "liquidación por cierre".
El presidente argentino, Alberto Fernández, por su parte, inauguró una placa en la explanada de la Casa Rosada con los nombres de los 39 muertos; y anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que se conceda una indemnización a los afectados por la acción represiva del Estado en aquel entonces.
La represión policial
El 19 de diciembre de 2001, De la Rúa decretó el estado de sitio nacional, una medida que provocó un efecto contrario, puesto que miles de personas se volcaron a las calles.
Pero en las jornadas se vivió una fuerte represión policial. Ese día resultó herido Martín Galli, quien recibió una esquirla de bala en la nuca.
"Fue una represión total. Yo digo que no lo podía creer, no siendo inocente en estas cuestiones porque ocurren todo el tiempo y siguen ocurriendo, lamentablemente, pero no podía creer que el Estado y un policía me hubiera pegado un balazo por manifestar", dijo Galli, en entrevista con RT.
El hombre contó que resultó herido cuando estaba descansando en medio de las protestas y quienes dispararon fueron "agentes de Asuntos Internos, que debían controlar a la policía".
Tras 20 años de haber ocurrido esta represión, no hay nadie que cumpla condena por los asesinatos cometidos.
Un tribunal de segunda instancia confirmó recientemente las sentencias contra el entonces exsecretario de Seguridad Nacional Enrique Mathov y el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos; pero como aún no son fallos firmes, ninguno de los acusados estará en prisión en el corto plazo.
Sobre lo ocurrido hace dos décadas, además de las consecuencias políticas, como la renuncia del ministro de Economía, Domingo Cavallo, y luego la dimisión del jefe de Estado, el historiador e investigador Julián Zícari resalta que el estallido también dejó otros resultados positivos.
"Yo creo que la mejor herencia que dejó el 2001, el lado positivo, es el miedo de la población a salir a la calle que quedó de lado, de que ya la gente, el grueso de la población no tiene miedo de ocupar los espacios públicos, de ser protagonista, de movilizarse, de quejarse, de reclamar, sin más miedo", enfatizó.
