Venezuela rechazó el "desconcertante" pronunciamiento de la Corte Suprema británica, que el lunes remitió nuevamente el caso del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra al Tribunal de Comercio. Se espera que allí se determine quién tendrá acceso a las 31 toneladas del metal precioso pertenecientes al Estado venezolano.
La disputa se inició porque el Gobierno de Nicolás Maduro reclama la titularidad de esos recursos del Estado, mientras que el Reino Unido se ha negado a entregarlos porque Londres solo reconoce al exdiputado opositor Juan Guaidó como "presidente interino" del país suramericano.
En un comunicado, la Cancillería venezolana aseveró que el fallo del máximo tribunal británico, "denegando justicia y no ejerciendo el control judicial de los actos del poder público por más irracionales que sean", impide el derecho del Estado venezolano a disponer, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), de parte de sus reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra.
Según el texto, la decisión "violenta las normas del Derecho Internacional Público, del orden constitucional venezolano y de la legislación británica". Del mismo modo, "representa graves riesgos" para los inversionistas internacionales en el sistema financiero del Reino Unido porque este "recurre a fraudes para apoderarse ilícitamente de los recursos".
"Falta de separación de poderes"
Por otro lado, Caracas asevera que la Corte Suprema se subordinó al Ejecutivo británico "dejando en evidencia la falta de separación de poderes". Esto se debe a que en el fallo se manifiesta que aunque los tribunales británicos no pueden contradecir la decisión del Ejecutivo británico de reconocer a Guaidó, la máxima instancia considera que deben evaluarse las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), que calificó de nulos e inválidos todos los actos promovidos por el exdiputado opositor, cuando estaba al frente del Parlamento.
Venezuela afirma además que el Gobierno británico "recurre a un montaje político fraudulento" y que es cómplice de factores extremistas como Guaidó, "con el perverso objetivo de robar descaradamente el oro de los venezolanos".
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores la decisión de la Corte es una "acción abusiva" que ha puesto trabas para disponer de esos recursos para atender la pandemia, a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como lo acordó el Gobierno venezolano con el organismo internacional.