A pesar de que en España el aborto es un derecho reconocido para las mujeres desde hace años, al menos cuatro regiones en España no registraron ninguna intervención de este tipo en un hospital público en 2020.
En 2010 se pasó de una ley de supuestos a una de plazos, pero esta ampliación de derechos no consiguió que miles de mujeres pudieran ejercerla en un centro sanitario público. En el país, el 84 % de las mujeres interrumpen su gestación en una clínica privada concertada.
Según la asociación de derechos sexuales y reproductivos de Cataluña, cada año alrededor de 6.000 mujeres se ven obligadas a desplazarse a otras regiones.
Desde Murcia, Claudia Hosseinpour, portavoz de la Plataforma de embarazadas expulsadas de la sanidad pública, cuenta su caso. A las 20 semanas de embarazo le detectaron malformaciones en el feto incompatibles con la vida. "A mí me dijeron, tu hijo viene así, toma estos papeles, adiós. Esa es toda la relación con ellos", explica sobre su experiencia en un hospital público.
Lo que cuenta Michelle es muy parecido. Tres meses antes de finalizar su embarazo su médico le dijo que el feto no tenía ninguna esperanza de vida y tuvo que trasladarse de ciudad para poner fin a su gestación. "Para mí abortar en España tal como me lo estipularon fue horroroso. No entiendo por qué no lo hacen todo en un mismo lugar", critica.
El 90 % de los abortos se realizan antes de las 14 semanas y solo una minoría provienen de otras provincias, según relata la vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ICAI), Eva Rodríguez.
"Las mujeres que tienen que trasladarse es un 3 % de las mujeres y parece que se esté hablando de que eso fuera la generalidad y no es así", señala Rodríguez.
Objeción de conciencia
Solo el 16 % de las 88.000 interrupciones del voluntarias el embarazo realizadas en España el año pasado se llevaron a cabo en centros públicos. El principal obstáculo es la objeción de conciencia de muchos médicos, un derecho reconocido para estos profesionales.
La doctora María Benedicto, objetora de conciencia, explica que la contradicción se da en las mujeres que toman la decisión por motivos personales: "Es un conflicto ético y moral. Es un conflicto en el que el profesional se plantea la interrupción de un embarazo sin ninguna causa, salvo el hecho de no me viene bien, no es un hijo deseado…", sostiene.
Además, hay que sumar el estigma profesional hacia quienes practican abortos y la posición de decenas de direcciones de centros sanitarios, que están en contra de interrumpir el embarazo.
Sin embargo, algunos hospitales públicos han encontrado el equilibrio, como el Vall d'Hebron, en Cataluña, donde han creado un circuito específico para finalizar la gestación de forma voluntaria. Para la jefa de su Unidad de Medicina Materno Fetal, Silvia Arévalo, se trata de "madurez del equipo y de la evolución" y de que queden "muy claros los circuitos".
Más de una década después de la ley de 2010 que amplió este derecho, en España se sigue produciendo un pulso evidente entre el derecho de los médicos a ser objetor de conciencia y el de las mujeres a abortar en un hospital público.