La supuesta injerencia a favor de un contratista, que ganó una millonaria licitación de la estatal Petroperú, pone de nuevo al presidente Pedro Castillo en el ojo del huracán.
El caso fue divulgado por medios locales y provocó la actuación de la fiscalía anticorrupción, que en tiempo récord ordenó la revisión de las oficinas de la petrolera estatal e intentó, infructuosamente, ingresar a la oficina de la secretaría de Gobierno. Aunque los funcionarios del Ministerio Público aseguraron que el presidente les habría impedido el acceso a ese despacho, la administración de Castillo emitió un comunicado para desmentir que hubiese obstaculizado la indagatoria.
De momento, la fiscal anticorrupción, Norah Córdova, ha decidido enviar un informe al Fiscal de la Nación para que "se avoque conforme a sus atribuciones", según indica un documento al que tuvo acceso El Comercio.
¿Qué desató el escándalo?
Un reportaje de investigación realizado por el programa Panorama divulgó información sobre la supuesta presencia de Castillo en una reunión a la que habría asistido el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, y el empresario Samir George Abudayeh Giha, quien días después ganó una licitación para la adquisición de 280.000 barriles de biodiésel para proveer a las refinerías de Talara, Mollendo y Conchán, por 74 millones de dólares.
A ese encuentro también habría asistido Karelim López, una empresaria que está actualmente investigada por la licitación de la obra Puente Tarata en San Martín. El reporte de Panorama sostiene que todos coincidieron en una misma reunión por las horas de entrada y salida de esas personas, que acudieron al Palacio de Gobierno el mismo día: el 18 de octubre de este año.
La supuesta presencia de Castillo en la reunión, según las concusiones del programa periodístico, era para garantizar que la empresa de Abudayeh Giha, Heaven Petroleum Operators, ganara la licitación con Petroperú. El contrato entre el proveedor y la estatal se firmó 18 días después de ese presunto encuentro.
La publicación del reportaje provocó que la Contraloría General de la República iniciara una acción de control en la sede de Petroperú, ya que se también se detectaron presuntas prácticas irregulares, como el cambio de reglas para la licitación y la cancelación del proceso de convocatorias a escala internacional. Entretanto, la fiscal Córdova considera que hay indicios de presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.
¿Qué pasará ahora?
Además del presidente, los indagados por la fiscal Córdova son Abudayeh, Chávez y López Arredondo, así como los funcionarios de Petroperú Gunther Docut Celis, Muslaim Abusada Sumar, Roger Daniel Liy Lion y el empresario Gregorio Sáenz Moya.
Tanto Abudayeh como López Arredondo y Chávez niegan que se conozcan o que hayan coincidido ese día en una reunión con Castillo. En un comunicado difundido por medios locales, Heaven Petroleum Operators confirmó que su gerente se había encontrado con el mandatario peruano, pero aseguró que fue en solitario.
"Nuestra empresa manifiesta su total disposición para brindar toda la información que sea requerida, en las indagaciones que la Contraloría General de la República o cualquier institución del Estado considere conveniente", puntualizó la compañía, que afirma haber cumplido con todos los procedimientos de ley para ganar la licitación.
Entretanto, Castillo decidió acudir este martes personalmente a la sede del Ministerio Público para reunirse con la titular, Zoraida Ávalos, y solicitar que se adelante su comparecencia ante ese órgano por el caso de su presunta injerencia en los ascensos en el Ejército. Minutos antes de ese encuentro, el despacho presidencial desmintió que hubiese obstruido las labores de la fiscalía en la oficina del despacho de la presidencia, por el caso Petroperú.
El texto destaca que Castillo ha dado instrucciones para que se faciliten las labores del Ministerio Público "con total apertura" y niega que el mandatario dictase una orden para que "no se realicen diligencias en algunos ambientes del Palacio de Gobierno".
Levantar secreto bancario
Sumado a eso, este martes, Castillo, mediante sus abogados, dispuso ante la Fiscalía que se levante su secreto bancario, tributario y telefónico en el marco de esta investigación del caso Petroperú.
"El suscrito autoriza que se levante el secreto bancario, tributario y el secreto de las comunicaciones para lo cual muestra su conformidad de ello y se allana ha dicho pedido", dice el documento enviado a la fiscal Córdova, citado por La República.
En el texto, también solicita que se le especifique la fecha y hora para brindar su declaración en Palacio de Gobierno.