La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC, por sus siglas en inglés) rastreó en secreto 33 millones de teléfonos móviles de ciudadanos del país para evaluar "la capacidad de respuesta de la población durante las medidas de bloqueo" establecidas en respuesta a la pandemia de coronavirus, según reportó por primera vez Blacklock's Reporter el pasado 21 de diciembre.
Un portavoz de la agencia, cuyo nombre no fue revelado, confirmó este 24 de diciembre a National Post que, "debido a la urgencia de la pandemia, (la PHAC) recopiló y usó datos de movilidad, como datos de ubicación de torres de telefonía celular, a lo largo de la respuesta al covid-19". De acuerdo al vocero, el organismo buscaba evaluar la efectividad del cierre y establecer "los posibles vínculos" entre los movimientos de la población dentro del país y la propagación del coronavirus.
Para llevar a cabo el 'espionaje', la PHAC firmó en marzo un contrato con el gigante de telecomunicaciones canadiense Telus, que le proporcionó datos sobre el movimiento y la ubicación de los ciudadanos. Según el portavoz, el acuerdo llegó a su fin en octubre y desde entonces la agencia ya no tiene acceso a los dispositivos, pero esta "planea rastrear el movimiento de la población durante aproximadamente los próximos cinco años" para abordar otros problemas de salud pública, como "otras enfermedades infecciosas, prevención de enfermedades crónicas y salud mental".
Así, este mes la PHAC publicó este mes un anuncio para buscar contratistas con acceso a "datos de ubicación de operadores / torres celulares en respuesta a la pandemia de covid-19 y para otras aplicaciones de salud pública", recopilados de forma anónima desde enero de 2019 y hasta la fecha de expiración del contrato el 31 de mayo de 2023, con la posibilidad de extenderlo tres años más.
Preocupación de los expertos
La revelación sobre el programa de rastreo causó gran preocupación entre los defensores de la privacidad. David Lyon, autor de 'Pandemic Surveillance' y exdirector del Centro de Estudios de Vigilancia de la Queen's University, cree que los canadienses pueden acabar descubriendo "muchas otras iniciativas de vigilancia no autorizadas, antes de que termine la pandemia y después".
Lyon considera necesario proporcionar una mayor información "sobre lo que se hizo exactamente, lo que se logró y si realmente sirvió o no a los intereses de los ciudadanos canadienses". "Están llegando pruebas de muchas fuentes, de países de todo el mundo, de que lo que se consideró un gran aumento de la vigilancia después del 11-S. Ahora eso está completamente eclipsado por la vigilancia de la pandemia", agregó.
Otro autor, Paul Alves, también mostró su preocupación sobre el acceso a las ubicaciones de datos móviles y expresó que su temor a que "el rastreo de contactos ya no requerirá un permiso ni una orden judicial".