Los 20 efectivos del Ejército colombiano que habían sido retenidos por campesinos este lunes en una zona rural del municipio de Leiva, departamento de Nariño, fueron liberados este martes con la mediación de la Defensoría del Pueblo, luego de que la fuerza pública aceptara suspender acciones de su tropa de manera momentánea.
La acción de la comunidad se llevó a cabo para rechazar el despliegue militar, en medio de enfrentamientos entre soldados y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos grupos no se plegaron al acuerdo de paz.
En concreto, los lugareños denuncian que en las últimas horas los combates dejaron a cinco civiles heridos, incluyendo a dos menores de 15 años. Por su parte, la Defensoría confirmó que hubo lesionados, pero no detalló cuántos ni tampoco si eran de gravedad.
Así, muchos residentes habían bloqueado el acceso de las Fuerzas Armadas al territorio.
Un policía secuestrado por tres días
El operativo militar interrumpido era una respuesta al secuestro del policía Tomás Blanco, quien quedó a manos del grupo irregular y fue liberado a las 72 horas.
El lunes, el Ejército capturó a tres presuntos secuestradores, que serían parte del frente Franco Benavídez de esta versión de las FARC. Entre ellos, se encontraría alias 'Edwin', señalado como el segundo líder más importante de esta disidencia. "También se logró recuperar a tres menores edad", dijo el comandante Enrique Zapateiro Altamiranda. La Defensoría, en cambio, comunicó que los menores eran dos.
A ello, se le suma el importante armamento incautado: "Dos ametralladoras, seis fusiles, un lanzagranadas, 190 detonadores, tres pistolas, proveedores y munición de diferentes calibres". Según el Ejército, incluso había propaganda alusiva a las extintas FARC.
Así, mientras los lugareños critican que el despliegue en Leiva se produjo después de que Blanco fuera liberado y los implicados detenidos, desde la fuerza pública tildan de encubridores a los campesinos: "Algunos habitantes del sector, mediante el delito de asonada secuestran a las tropas para evitar las capturas de los integrantes del grupo armado organizado residual y las mantienen privadas de su libertad de manera ilegal", dice un comunicado citado por El Espectador.
Por su parte, la Defensoría se comprometió con los líderes de la comunidad a realizar una jornada presencial con la Fiscalía para que se puedan interponer sus denuncias, vinculadas a los civiles que resultaron heridos por los enfrentamientos.
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