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Presentan en Bolivia una nueva denuncia contra Jeanine Áñez por detención ilegal y tortura de más de 50 personas
Los presuntos delitos se habrían producido en el marco de la represión contra los manifestantes que rechazaron el gobierno de facto tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
Un nueva denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Bolivia en contra de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y su exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por la supuesta detención ilegal y tortura de 54 personas.
La querella fue interpuesta por la abogada boliviana Nadesdha Guevara, quien aseguró que la Fiscalía ya aceptó la denuncia y que designó a los funcionarios que llevarán a cabo la investigación. Según la letrada, a Áñez se le atribuyen los presuntos delitos de "torturas, tratos crueles e inhumanos y delitos conexos" en el marco de la represión entre 2019 y 2020 contra los manifestantes que expresaron su rechazo al gobierno de facto y su apoyo al expresidente Evo Morales, tras el golpe de Estado.
Por su parte, en entrevista con Página Siete, el abogado de la exdiputada, Luis Guillén, dijo que todavía no ha sido notificado de este proceso. Según la denunciante, en los próximos días se tomarán las declaraciones de los querellantes para que sean incluidos en la investigación.
Denuncia presentada ante la ONU
La denuncia contra Áñez ya había sido presentada en la Sesión 72 del Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Además, ha sido dada a conocer por Guevara y el enfermero Ayben Huaranca, que representa a las 54 supuestas víctimas de detención ilegal y tratos crueles e inhumanos, durante una gira por Europa.
Se espera que esta investigación también se le abra a los autores materiales de las presuntas violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de Áñez, según expresó la abogada demandante.
Este es el cuarto proceso penal contra Áñez, quien se encuentra detenida en una prisión desde marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales y su posterior autoproclamación como presidenta interina.
El pasado 21 de diciembre, el Tribunal Primero de Sentencia de Bolivia decidió que la expresidenta de facto permanecerá detenida ante un posible riesgo de fuga, mientras la Justicia resuelve el caso de fondo.
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