El Gobierno canadiense anunció este martes haber acordado pagar casi 31.500 millones de dólares para resolver varias demandas colectivas presentadas por las familias indígenas que fueron apartadas de sus hijos debido a su situación de riesgo social. El objetivo del nuevo acuerdo es reformar el discriminatorio sistema de bienestar infantil y compensar los daños a los ciudadanos pertenecientes a las Naciones Originarias de Canadá que resultaron víctimas de dichas prácticas.
Una mitad de la suma establecida está destinada a los niños indígenas que fueron separados de sus padres u otros parientes y puestos bajo custodia estatal, sobre todo, a través de los centros educativos a los que les integraban de manera forzosa.
Mientras que con el resto del pago se reformará en los próximos cinco años el sistema de bienestar infantil para los niños indígenas, que, según los datos estadísticos, son separados de sus familias con mayor frecuencia. De tal manera, se busca garantizar que los padres puedan permanecer junto con sus hijos y evitar que jamás se repita este tipo de discriminación.
Así, las autoridades admiten haber optado por retirar a los pequeños de sus hogares en lugar de apoyar a los padres para que puedan mantener a sus niños. El sistema fue el fruto de políticas discriminatorias contra las comunidades indígenas que permanecieron en la sociedad canadiense a lo largo de varias generaciones.
Según los últimos cálculos, unos 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias desde 1991. Teniendo en cuenta que apenas un 8 % de los canadienses menores de 14 años son indígenas, ellos constituyen más del 52 % de los que están bajo cuidado estatal, según los datos del Gobierno.
"Esta es la mayor reparación en la historia de Canadá", dijo este martes Marc Miller, ministro encargado de las relaciones con los indígenas, durante una rueda de prensa en la capital, Ottawa. "Sin embargo, ninguna cantidad de dinero puede compensar los daños que sufrieron los niños de las Naciones Originarias".
De acuerdo con los datos oficiales que todavía se consideran incompletos, unos 6.000 niños acogidos en las escuelas residenciales especiales murieron, en su mayoría por desnutrición, enfermedades o negligencia, lo que la Comisión para la Verdad y la Reconciliación calificó de "genocidio cultural". Otros resultaron víctimas de abusos físicos o sexuales, admite el Gobierno canadiense.